El Comité Directivo Estatal del PAN denunció penalmente a Blanca Alcalá por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita, reveló Javier Lozano Alarcón, Senador y Vocero del PAN, quien señaló que estas acciones se ejercieron luego de que se diera a conocer que durante su gestión como alcaldesa, la candidata del PRI incurrió en conflicto de intereses y tráfico de influencias al otorgar el permiso de una gasolinera a su tía y contratos por adjudicación directa a su actual socio de la empresa constructora Estilos Constructivos Sustentables S.A. de C.V.
En este sentido, Lozano Alarcón señaló que Blanca Alcalá quebrantó el artículo 453 del Código Penal del Estado de Puebla, por lo que “se dará vista para efectos de la jurisdicción federal por posible defraudación fiscal”.
“Estamos viendo operaciones en las cuales se sirven con un evidente conflicto de interés, con un tráfico de influencias, para tener un patrimonio que mucho más allá de su salario, de su sueldo como servidora pública y que no corresponde a un patrimonio tan grande como el que está apareciendo todos los días”, enfatizó.
De igual forma, el coordinador de campaña dio a conocer que también se procedió penalmente en contra del Presidente del Comité Directivo Municipal, José Chedraui, a quien se acusó por uso de recursos de procedencia ilícita y por solicitar el voto mediante promesa de paga u otras contraprestaciones, una vez que actuaron de forma antijurídica con la entrega de electrodomésticos, lo cual está establecido en los artículos 7 y 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
“Se les olvida que estas entregas están prohibidas y que constituye una conducta antijurídica presumiblemente delictiva, porque no se pueden entregar este tipo de artículos en campaña, ellos deberían saberlo, pues al igual que en el caso anterior se denunció por operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó.
En este sentido, Javier Lozano resaltó la importancia de conocer la fuente de los recursos utilizados durante la entrega de electrodomésticos y si está reportado dentro del tope de gastos de campaña, por lo que confía que las autoridades jurídicas y electorales actuarán oportunamente ante estos hechos.
“Esto no es un juego de vencidos dentro de la contienda, son realmente denuncias de hechos que se hacen ante el ministerio público, porque en las campañas políticas lo primero que debe prevalecer es la legalidad”, finalizó el vocero del PAN.
Cabe destacar que la sanción por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias es de 2 a 6 años de cárcel, y el de operaciones con recurso de procedencia va de 5 a 15 años