A casi dos años del violento desalojo policiaco en San Bernardino Chalchihuapan, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, a través de funcionarios de segundo nivel, ofreció disculpas a Elia Tamayo Montes, madre del menor José Luis Tlehuatlie, quien sufrió un impacto de un cilindro de gas y que posteriormente le provocó la muerte.
Sin embargo la agraviada indicó que las disculpas que emitió la administración morenovallista no eran suficientes por el deceso de su pequeño hijo quien tenía sólo 13 años de edad y sostuvo que hasta la fecha no ha recibido ningún otro apoyo ni aceptado una indemnización.
Elia Tamayo dijo que una disculpa pública no iba a “reparar” jamás la vida de su hijo y que rechazaba cualquier indemnización por parte del gobierno del Estado.
“El gobernador es el único culpable de haber asesinado a mi hijo durante el operativo (….) el es el culpable”, apuntó doña Elia Tamayo con lagrimas en lo ojos.
En un acto en el que también estuvieron presentes pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan que resultaron heridos en julio de 2014, Enrique José Flota Ocampo, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, reconoció que se violaron los derechos humanos de los pobladores en los hechos registrados el 9 julio de 2014.
En el escrito que después se entregó a Elia Tamayo, el funcionario estatal afirmó que “no se puede asegurar que los hechos no vuelvan a ocurrir si no se hace un pacto con la sociedad”.
Durante el acto realizado en la secundaria federal “Ricardo Flores Magón”, donde estudió José Luis Tehuatlie Tamayo se guardó un minuto de silencio por su muerte y se ofreció un “abrazo” a la madre de la víctima y a los heridos.
“En nombre del gobierno del estado ofrezco una sentida disculpa a quienes hayan sufrido algún tipo de daño. Se reconoce la responsabilidad del gobierno en la violación los derechos humanos”, dijo José Flota.
Lamentó la muerte del menor y las lesiones de otros pobladores, por las cuales se instaló una fiscalía especial para investigar el suceso.
“Hechos que ocasionaron la lamentable pérdida de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, por cuya muerte los invito a que guardemos un minuto de silencio”, sostuvo.
En cumplimento a la recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Enrique José Flota Ocampo y la subsecretaria de Prevención y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María de Lourdes Martínez Medellín, encabezaron la disculpa pública que este miércoles ofreció el Gobierno del Estado a las víctimas de los acontecimientos del 9 de julio de 2014.
Ante la Visitadora Adjunta de la CNDH, Lizeth Prado, el funcionario aseguró que esta disculpa implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado cuando la actuación de sus funcionarios y agentes resulta violatoria de derechos humanos y representa también el propósito, el compromiso que por convicción asume el gobierno del Estado de Puebla, para que hechos como éste no vuelvan a ocurrir.
Flota Ocampo afirmó que el Gobierno del Estado asume el compromiso de continuar atendiendo los hechos con seriedad y esclarecerlos en estricto apego a derecho y con el fortalecimiento de las acciones políticas para evitar esta clase de sucesos, erradicar malas prácticas y garantizar que no vuelvan a suceder.
En ese marco, enumeró las acciones que tomó el gobierno estatal para respaldar ese compromiso:
1. Se creó la Fiscalía Especial para la investigación del caso de San Bernardino Chalchihuapan, la cual tiene el compromiso de garantizar de manera transparente y objetiva las investigaciones sobre el caso, particularmente de los hechos delictivos cometidos en contra de las víctimas identificadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2. Se ha impartido continuamente capacitación en derechos humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública apegados a parámetros y estándares de organismos internacionales de derechos humanos.
3. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, específicamente su delegación en la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Visitaduría General y el Consejo de Honor y Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, iniciaron los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes; a la fecha se han sancionado a 17 servidores públicos; sin embargo, aún se encuentran en instrucción otros procedimientos de investigación, de conformidad con la queja y denuncia presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos partícipes que se señala como responsables en los lamentables acontecimientos del 9 de julio de 2014.
4. Se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno y se crearon Delegaciones Generales de Gobierno en todo el estado, así como una Dirección de Políticas para la Prevención. Y se ajustó la Dirección General de Delegaciones que ahora se llama Dirección General de Atención Ciudadana y a Organizaciones Sociales, la cual tiene como objeto conocer y atender las demandas sociales, privilegiando en todo momento la solución pacífica de conflictos, el diálogo, y el respeto a los derechos humanos.
5. Se publicó el acuerdo del Secretario General de Gobierno por el que se expidió el protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas a conflictos sociales, mediante el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
6. Se han adquirido equipos de video grabación para ser utilizados en los operativos de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley.
7. Se creó un fideicomiso público con el objeto de hacer frente a la reparación del daño e indemnizar a las víctimas de estos lamentables hechos.
Finalmente reiteró que sin embargo, ninguna de estas acciones por sí sola podrá garantizar al cien por ciento que casos como éste no vuelvan a ocurrir. “Esa garantía sólo la tendremos si nos unimos sociedad y gobierno, si entre nosotros atendemos nuestras diferencias, reconocemos nuestros alcances y límites y si entre nosotros hacemos un pacto para entendernos, apoyarnos y trabajar juntos”. Cabe destacar que funcionarios públicos y habitantes de Chalchihuapan guardaron un minuto de silencio en honor del menor fallecido.
Además de Elia Tamayo recibieron la disculpa pública, verbalmente y por escrito, Gilberto Varela Tecalero, Javier Xelhua Jiménez, Vicente Tecalero Jiménez, Martín Romero Montes, Filemón Pacio Grande, Hugo Jiménez Varela, Heraclio Coyotl Nezahuatl, Juan Xelhua Ccotl, Felix Xelhua Montes, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo, y familiares de Antonio Víctor Montes Contreras.