Tribunal revoca formal prisión a esposa de José Luis Abarca

Un tribunal unitario con sede en el Estado de México revocó el auto de formal prisión girado en contra de la esposa del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, quien fue acusada por la PGR por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero.

La primera dama de Iguala junto con su esposo José Luis Abarca, son acusados de ser los actores intelectuales de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de por lo menos otra decena de jóvenes el pasado 26 de septiembre del 2014.

Por lo anterior Pineda Villa no obtendrá su libertad, pues la magistrada Angélica Díaz Pérez ordenó que únicamente le reponga el procedimiento que se le sigue a en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México.
Y es que, de acuerdo a la defensa encabezada por la abogada Rosalba Severino Chávez, se violentó el debido proceso a la esposa de José Luis Abarca al no permitírsele presentar pruebas a su favor ante la justicia federal.
Se revoca el auto de formal prisión de 9 de enero de 2015 en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, en la Causa Penal 105/2014. Se ordena la reposición del procedimiento para los efectos precisados”, dicta la resolución girada por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

El pasado 9 de enero y tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, un juez determinó dictar el auto de formal prisión contra Pineda Villa, quien es considerada, junto con su cónyuge, autora intelectual de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.

Ello, en virtud de que las actuaciones aportadas, que de manera probable señalan que Pineda Villa se adhirió al grupo delincuencia conocido como “Guerreros Unidos” por lo menos desde el 2005 a la fecha de su detención; que su participación era dar protección y apoyo económico para lograr los fines de ese grupo delincuencial, a través de la compra de bienes muebles e inmuebles o bien, trasladando e invirtiendo numerario producto de la venta y distribución de droga, principalmente en el Estado de Guerrero y otras entidades federativas en las que dicho cártel tiene presencia”, expuso el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

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