Por Cristopher López
Los diputados de la Comisión de Transporte en el Congreso local y la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes (SIMT), son corresponsables del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, por no reglamentar la operación de Cabify y Uber, así como de otras plataformas electrónicas, acusó el presidente de la Comisión de Trabajo y Competitividad, Leobardo Soto Martínez.
El legislador del Revolucionario Institucional, consideró que la dependencia estatal tienen la obligación de endurecer los requisitos para los choferes del servicio de taxi tradicional como ejecutivo por tanto lamentó que hayan actuado de manera tardía tras el homicidio de la estudiante.
“Ahi están los hechos, ellos mismos lo están reconociendo, la Secretaría de Infraestructura tiene la obligación de sacar el reglamento. Ayer esuche como van endurecer los requisitos, mismos que debieron haber hecho desde que dieron los permisos”, sostuvo.
Soto Martínez, celebró la cancelación del permiso a Cabify tras el feminicidio de la estudiante de la UPAEP y se pronunció para que de igual forma se revoque este mismo a Uber ya que ambas empresas no garantizaron la seguridad a los usuarios, además exigió que se transparente quienes son los socios de ambas concesiones pues podrían estar detrás integrantes de la delincuencia organizada.
El también secretario general de la CTM, apuntó que la Secretaría de Infraestructura y Transporte han incurrido en una serie de “omisiones” al reformar la ley y no establecer reglas claras para la operación de este servicio ejecutivo, así como retrasar la aprobación de un reglamento.
Por último, urgió al gobierno del Estado para que se emita el reglamento para las unidades del servicio de transporte ejecutivo así como la aplicación de sistemas de vigilancia y monitoreo para reducir los riesgos para los usuarios y garantizar que su viaje será seguro.