Alejandra Gil Cuervo, la madrota más poderosa de la calle Sullivan, quien hoy enfrenta cargos por esclavizar a varias mujeres, cabildeó abiertamente en el Senado reformas a la Ley General de Protección a Víctimas para debilitar los operativos contra la trata de personas: en 2013 fue invitada por la presidenta de la Comisión Antitrata, Adriana Dávila, como “experta” para opinar ante legisladores de todos los partidos, no solo sobre lo que debería contener la nueva legislación federal, sino cómo debería actuar la policía, dio a conocer Milenio Noticias.
A través de Milenio en internet, informó que Gil Cuervo, detenida la semana pasada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) bajo acusaciones de trata sexual, acudió al Senado a un encuentro organizado el 23 de mayo de 2013, en el que se invitó a organizaciones civiles a opinar sobre los contenidos de reformas a la ley antitrata, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón.
En la reunión, convocada por la senadora Dávila, la dirigente de la Asociación Pro Apoyo a Servidoras —organización fachada dedicada a la trata— defendió la labor de las madrotas y propuso cambios a la ley para evitar que agrupaciones como la suya fueran blanco de operativos policiacos, según una grabación en poder de MILENIO.
En la grabación de siete minutos, Gil denunció que su asociación había sido “víctima” de operativos contra la trata de personas por parte de cuerpos policiacos (eventualmente uno de esos operativos daría con dos víctimas que acusan a la madrota de haberlas explotado). Incluso, exigió modificaciones en los protocolos policiacos para no interrogar a sus sexoservidoras sobre si eran víctimas de trata.
“Aquí venimos a pedir que haya un protocolo de investigación de la policía en donde seamos tratadas con derechos y no decir que todas somos víctimas, porque sí somos víctimas, pero de la policía que llega y me empieza insultar y me saca encuerada del cuarto para ver si a mí me trajo un tratante”, dijo.
Del audio se desprende que Gil Cuervo insistió en que la ley antitrata debía ser modificada en varios puntos. Por ejemplo, se refirió al apartado (artículo 10) que establece que cualquier persona responsable de acción u omisión dolosa para transportar o enganchar a personas se haría acreedora de cinco a 15 años de prisión.
“¿Cómo voy a saber por omisión? ¿Y si llega la policía y ven que es víctima de trata todas las que estamos paradas somos (tratantes)?”, cuestionó en tono airado. Gil llegó incluso a dar lecciones a los legisladores presentes: “¡Por el amor de Dios, hagan bien su trabajo!”
El artículo 41 también fue cuestionado por Gil. Ahí se prevén penas a quien prepare, promueva, incite o colabore en la trata de personas; es un apartado diseñado para castigar a padrotes y madrotas, pero también a enganchadores, transportistas, hoteleros o policías.
En ese punto reclamó que su asociación, al trabajar “a favor” de las sexoservidoras, podría ser acusada de facilitar la trata de personas. “Utilicemos las leyes para hacer algo bueno por nosotros”, exigió.
“Quiero hacer mucho énfasis en el artículo 41 de la ley. Ahora si yo facilito o promuevo, pues ya soy una tratante (…) Quisiera pedir que se haga una consciencia en este artículo de que se reconozca el trabajo de algunas organizaciones (…) si no tuviéramos transparencia no estaríamos dando la cara”.
Sobre el calificativo de madrota, por estar rondando las zonas de trabajo de sexoservidoras, dijo aceptarlo y hasta admitió haber tendido operativos de seguridad para, supuestamente, protegerlas.