Por Fernando Castillo
El secretario de Movilidad y Transportes (SMT) Guillermo Aréchiga Santamaría, informó que han retenido al menos 500 vehículos piratas del transporte público durante los seis meses de administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, lo anterior como parte del acuerdo que se singó con los concesionarios para la modernización de este servicio.
El funcionario estatal celebró que el Congreso local haya aprobado el día de ayer en Sesión Ordinaria la reforma al artículo 190 BIS del Código Penal del Estado, que envío el gobernador Miguel Barbosa para sancionar hasta con 6 años de prisión a los concesionarios y operadores que permitan la prestación de este servicio pirata.
“Señalamos en días pasados que teníamos casi 500 vehículos retenidos por pirataje en lo que va de esta administración y particularmente en los últimos meses, desde que inició el pase de revista el día 13 de febrero”, sostuvo.
En entrevista advirtió que los operativos en el transporte público continuarán como parte del pase de revista para que los concesionarios cumplan con la modernización y equipamiento de herramientas de seguridad, además de que se retiren las unidades piratas.
Destacó que con la aprobación de esta iniciativa, las sanciones económicas, así como corporales serán una realidad en próximos días, con el objetivo de que los permisionarios dejen de circular la operación de unidades piratas del transporte público, pues reconoció que estas ponen en riesgo a los usuarios.
Subrayó que con esta reforma, además de las penas corporales, se pondrán en marcha sanciones económicas por 43 mil pesos para unidades del transporte público (microbús, combis, taxis y hasta mototaxis) que incumplan con lo establecido en la ley.
“La propuesta del señor gobernador Miguel Barbosa que envío al Congreso la cual tiene como objetivo calificar como delito a quien opere vehículos sin concesión o sin permiso – piratas-. Es una propuesta en la que se reformó el artículo 190 bis del Código Penal de Puebla, esto va implicar la cancelación de licencia”.
Aréchiga Santamaría, especificó que la reforma fue formulada en la secretaría contempla una sanción de 8 meses a 6 años de prisión, y una multa de 100 a 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir de 43 mil pesos, la cual también se impondrá al propietario del medio de transporte y operadores que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios pirata.
Detalló que la reforma que ingresó el gobernador Miguel Barbosa Huerta y que fue aprobada por el Congreso local para modificar el artículo 190 BIS del Código Penal del Estado, busca sancionar a aquellos que no cuenten con la concesión o permiso correspondiente.