Rechaza Consejo Ciudadano la portación de armas de fuego

La directora de Desarrollo Institucional del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia, Catalina Oropeza Aguilar, se pronunció en contra de la iniciativa que propuso el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado, para la legalización de portación de armas de fuego debido a que se podrían incrementar los indicies de homicidios.

La integrante del Consejo Ciudadano apuntó que actualmente existe una descomposición del tejido social que genera violencia y por ende estos artefactos representan un “peligro” para la ciudadanía pues ante cualquier agresión verbal podrían utilizarlas y no para autodefensa ante una situación de robo o asalto.

Oropeza Aguilar advirtió que esta iniciativa pondría en riesgo la seguridad de las personas debido a que las armas podrían ser utilizadas sin ningún juicio, ética de valores para defenderse ya que como país hace mucha falta implementar desarrollar un concepto de cultura de paz y seguridad para poder convivir sanamente y dejar a un lado el clima de violencia.

“Es un riesgo social por qué es un riesgo de criterios y si estamos identificando justamente que tenemos mucha violencia en el país y tenemos altos indices de delincuencia, las personas pueden reaccionar desesperada y activar el arma, por tanto significaría que toda persona tiene el poder para atentar contra la vida de otra persona”, sostuvo.

En entrevista tras participar en la rueda de prensa del impacto e incidencia de violencia de género y feminicidios desde una perspectiva social y jurídica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Puebla, apuntó que estudios que han hecho en Estados Unidos arroja que los países en los que se autorizó la portación de armas de fuego son aquellos en los que se registra el mayor número de accidentes y homicidios por la legalización de para poseer una artefacto de uso personal.

Subrayó que incluso el Congreso de Estados Unidos analiza revertir esta ley tras los constantes homicidios y actos en los que se pone en vulnerabilidad la seguridad de las personas en instituciones educativas y áreas comerciales debido a que ya ha ha quedado demostrado que no está demostrado portar armas para reducir la inseguridad en un país.

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