El alcalde de Puebla Antonio Gali Fayad y el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, fingieron demencia para hacer un pronunciamiento por la clausura que este martes realizó la PROFECO a Concesiones Integrales empresa encargada de brindar el servicio de agua potable en la zona metropolitana.
Al ser entrevistado por la prensa local el edil Gali Fayad dijo desconocer del tema y sus enlaces de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla lo tomaron del brazo para que no respondiera las preguntas incomodas de los reporteros.
El edil de Puebla meses atrás avaló las iniciativas de privatizar el agua potable así como de los incrementos a las tarifas y hoy resulta que no sabe del tema.
Asimismo, el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle ignoró el cuestionamiento realizado por los reporteros que cubren la fuente luego del garrotazo que le dio al Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al clausurar las oficinas del Soapap que el mismo entregó con su iniciativa privatizadora a Concesiones Integrales. El ejecutivo poblano dio respuesta otros temas de su interés, evadiendo el tema tan importante para los poblanos.
La concesión fue entregada por el gobierno Morenovallista durante los próximos 30 años al consorcio Concesiones Integrales SA de CV integrado por las empresas Agua para México, EPCOR y Tecnología Intercontinental.
Es importante recordar que Rafael Moreno Valle en noviembre del 2013 envió la iniciativa para concesionar el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, por lo que fue votada a favor por los legisladores aliancistas de la LVIII Legislatura PAN, PRD, Nueva Alianza y PT.
El 14 de marzo para ser precisos, los diputados de la LIX Legislatura avalaron la reestructuración de las tarifas del agua para que éstas incrementen mensualmente, se obligue a los poblanos a instalar un medidor para el servicio, y paguen cada litro que consuman en exceso.
Este martes los poblanos estallaron contra la tiranía del gobierno de Puebla, para exigir al Soapap y Concesiones Integrales el aumento hasta del 280 por ciento a las tarifas del agua, por lo que amagaron en realizar amparos colectivos con el fin de pagar lo justo.