Por Cristopher López
La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, presentó una iniciativa en el Congreso local para endurecer las penas hasta con 15 años contra aquellos servidores públicos y trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que participen, faciliten o encubran el robo de hidrocarburos en la entidad poblana.
La propuesta de reforma pretende adicionar al fracción IX al atículo 186 bis, un último párrafo al 198, un segundo párrafo al 199 y un segundo párrafo a la fracción IV del 217, del Código Penal del Estado de Puebla.
En el documento la legisladora el Verde Ecologista, indica que en más de una ocasión y en diferentes espacios ha habido señalamientos de la supuesta colusión de las autoridades encargadas de la seguridad con grupos del crimen organizado dedicados al robo de combustibles.
“El encubrimiento, protección y tolerancia de este delito es inadmisible. De ahí la propuesta para sancionar con mayor rigor a aquellos servidores públicos o integrantes de Pemex que, aprovechándose de su posición participen, faciliten o encubran el robo de hidrocarburo y de los delitos que de aquello deriven”, refiere el documento.
Actualmente el artículo 198, 199 y 217 del Código Penal establecen que a quien ocasione un daño ambiental o desequilibrio ecológico, involucre a menores o cause alguna explosión o incendio , se aplicará de dos a diez años de cárcel y multa de hasta dos mil días de salarios mínimos.
La presente iniciativa sostiene la necesidad de incrementar hasta en una mitad las sanciones por daño ambiental, daño a propiedad ajena, así como en la corrupción de menores e incapaces, cuando estos se cometan con motivo de l robo de hidrocarburos.
Aunado a ello, se plantea la configuración del delito de delincuencia organizada, cuando se reúnan tres o más personas con el evidente intención de incurrir en el robo de hidrocarburos.
Finalmente se sugiere “especial protección de los menores de edad”, quienes, al presenciar de manera cotidiana este tipo de conductas encuentran en ella normalidad y un modo de vida que prolongará los efectos negativos de la delincuencia. Lo anterior al establecer como “grave” el delito de corrupción de menores incapaces, cuando este se realice con motivo de la comisión de algún delito en materia de hidrocarburos.