Por Crisotpher López
El gobernador del Estado Antonio Gali Fayad, propuso a través de la iniciativa que ingresó al Congreso local sanciones en contra de los sujetos obligados que hagan mal uso de información personal que van desde las amonestaciones públicas hasta multas económicas de 150 a mil 500 Unidades de Medidas de Actualización (UMA); es decir estas oscilan desde los 11 mil 322 pesos hasta 113 mil 235 pesos, respectivamente.
La propuesta llegó a la LIX Legislatura a una semana de que venza el plazo de armonización de la Ley de Protección de Datos Personales.
Lo anterior luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) evidenciara que Puebla es uno de las entidades que todavía no realizan el proceso legislativo para adecuar los términos legales locales con las disposiciones federales.
El proyecto que analizará la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la cual preside Marco Antonio Rodríguez Acosta, detalla que son sujetos obligados los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los tribunales administrativos, los ayuntamientos y sus dependencias, los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, y los órganos autónomos.
En entrevista Rodríguez Acosta, precisó que ante los sucesos ocurridos a nivel nacional como la filtración del padrón de electoral de Movimiento Ciudadano, se consideraron algunas sanciones para castigar este ilícito.
“Hay gente que les llama por teléfono a deshoras o vendiendo algún producto y se preguntarán ¿de dónde consiguieron esa información? o por ejemplo gente que de repente aparece afiliada a un partido político, o las empresas de telefonía celular o de otras compañías, con esta ley se pretende sancionar a quienes utilicen los padrones”, abundó.
Dentro de las consideraciones de la ley se precisa en el artículo 45 que los responsables del manejo de datos personales, tendrán entre sus obligaciones: “destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos personales; poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales”.
Aismismo el “revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para determinar las modificaciones que se requieran; establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas”.