Por Fernando Castillo
El gobernador Miguel Barbosa Huerta, envió un paquete de iniciativas que incluyen la desaparición de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto (CETGA) que albergó al morenovallismo, la cual fue creada por el ex mandatario José Antonio Gali Fayad, además de otra para eliminar el fuero constitucional para funcionarios públicos.
La propuesta del jefe del Ejecutivo estatal refiere que en una vez que sea avalada, el actual titular del área deberá entregar el patrimonio en un plazo de 20 días, tanto a la Secretaría de Finanzas y Administración, así como a la de Administración, además de la documentación física y electrónica de la dependencia que se suprime.
La supresión del Organismo Descentralizado (OPD) se fundamenta en que existe duplicidad de funciones, debido a que su misma función la lleva a cabo la Secretaría de Administración.
El dictamen que envío Barbosa Huerta, establece en sus artículos transitorios que los trámites, derechos y juicios que estaban a cargo de dicho órgano ahora pasarán a manos de la Secretaría de Administración.
“El Estado está obligado a evitar la duplicidad de funciones de las instituciones que integran la estructura orgánica auxiliar del Ejecutivo, esta estructura debe apegarse a los principios de economía y cuidado del erario público para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos del Estado, mando previsto en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Puebla”, refiere la propuesta.
Dichos organismo estuvo encabezado por Josefina Buxadé Castelán, quien fue denunciada en su momento por haber participado en eventos electorales, mientras se desempeñaba como funcionaria público.
Presentan iniciativa para eliminar fuero
Durante la sesión del Congreso local de este miércoles de igual forma se recibió la iniciativa que envío el Ejecutivo estatal para eliminar el fuero constitucional a servidores públicos.
La propuesta de reforma constitucional considera la extinción de esta figura para el mandatario, los diputados, el auditor superior, así como para los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial.
Con la eliminación del fuero, los servidores públicos podrán ser sujetos a proceso penal durante el período de su encargo por la comisión de cualquier delito.
La propuesta de igual manera refiere que la autoridad judicial podrá ordenar prisión preventiva oficiosa por la comisión de los ilícitos considerados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se enlistan: delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
A decir del titular del Ejecutivo, la existencia del fuero generó impunidad y permitió el aumento de casos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, cohecho, entre otros.