La Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer la “estrategia de intervención psicosocial y jurídica integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la atención a las víctimas de desaparición en Iguala, Guerrero”.
El documento se presentó durante una reunión convocada por la CEAV, que se realizó en la Iglesia de San Gerardo María Mayela, en ese municipio guerrerense.
Por parte de la PGR, acudió el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, así como el comisionado presidente de la CEAV, Jaime Rochín.
La PGR informó que el subprocurador Betanzos Torres atendió a las inquietudes de familiares de personas desparecidas y refrendó el compromiso de la dependencia en mantener un trabajo cercano y constante, así como la presencia de la institución en el desarrollo de las investigaciones.
Tras los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, comenzaron a surgir más casos de personas cuyo paradero se desconoce, de esa comunidad.
Con el apoyo del párroco de la Iglesia de San Gerardo María Mayela, se instaló una mesa para que los familiares comenzarán a elaborar una relación de casos, a los que la PGR se comprometió a diseñar una estrategia para la búsqueda y localización de cada uno de los casos.
Entre 2011 y 2014 la dependencia federal tenía conocimiento de 19 denuncias de desapariciones, mientras que con cálculos autoridades estatales y vecinos se estableció una cifra de 2007 casos ocurridos entre los municipios de Iguala, Cocula y Taxco, hasta diciembre del año pasado.
Ante los hechos de hace ocho meses, más de 400 personas se acercaron al templo de San Gerardo para ofrecer sus muestras para la identificación de cuerpos que fueron localizados en el proceso de búsqueda de los 43 normalistas, en fosas clandestinas de la región, con el objetivo de localizar a sus familiares.
A la reunión de este martes, también asistieron el comisionado Julio Hernández Barros; el secretario de Gobierno de Guerreo, David Cienfuegos; el fiscal de la entidad, Miguel Ángel Godínez, así como servidores públicos de las secretarías de Salud y de Desarrollo Social, del DIF nacional y estatal, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Fuente: Excélsior.