Por Fernando Castillo
El candidato a gobernador de Puebla de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió que se “aplique” la ley” contra Juan Sánchez Moreno, ex jefe de Mandamientos Judiciales durante la administración del priísta Mario Marín Torres ya que fue uno de los personajes que presuntamente participó en la “tortura” y “violación a los derechos humanos” de la periodista Lydia Cacho, tras haber sido encargado de ejecutar la orden de aprehensión en 2005.
El abanderado de Morena, PT y PVEM, solicitó al PRI dejar de “justificar” lo “injustificable”, respecto a las violaciones graves a los derechos humanos que cometió el ex gobernador Mario Marín Torres en contra de la periodista Lydia Cacho durante su sexenio y se pronunció para que los funcionarios implicados en el caso den una explicación “clara” de las violaciones graves a los derechos humanos contra la comunicadora.
“Si ya fue detenido uno contra los cuales se dictó una orden de aprehensión, se iniciará el debido proceso correspondiente ante el juez que dictó la misma, es mi opinión. Tiene que aplicarse la ley, respeto a los derechos humanos del detenido, es un asunto de debido proceso que espero que se cumpla”, expresó.
En entrevista posterior a la reunión que sostuvo con organizaciones de taxis en la explanada del estadio Cuauhtémoc, subrayó que de ganar los próximos comicios del 02 de junio, emprenderá acciones de colaboración con las instancias encargadas el caso, más nunca de “encubrimiento” ya que es un asunto de orden judicial federal y se tendrán que “cumplir” debido a que hubo violaciones graves a los derechos humanos en cumplimiento de una recomendación intencional la cual es “imprescriptible”.
“Mi gobierno no ejercerá acciones policiacas en ese asunto, claro que habrá acciones de colaboración, nunca de encubrimiento ya que es un asunto federal derivado de una orden de aprehensión que se dicta por un delito de tortura por violaciones graves en los derechos humanos en cumplimiento de una recomendación de un organismo internacional e imprescriptible por eso”, puntualizó.
Por lo anterior consideró que el Revolucionario Institucional deberá de asumir una postura “objetiva” respecto a la orden de aprehensión por el delito de “tortura” que emprendió el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Sétimo Circuito en Quintana Roo, en contra del ex mandatario Mario Marín Torres por el caso Lydia Cacho y dejar de acusar a otros actores de la contienda por supuesto “golpeteo político”.