Peña Nieto nombra a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública

El presidente, Enrique Peña Nieto, nombró este martes al exconsejero electoral Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública (SFP) a quien como primer encargo instruyó a encabezar una investigación si hubo conflictos de interés en los contratos asignados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal a las empresas que celebraron compraventa de inmuebles a su esposa, Angélica Rivera de Peña, al secretario de Hacienda, Luis Videgaray y a él en el caso de su casa en el Fraccionamiento de Ixtapan de la Sal.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Jefe del Estado Mexicano le dio instrucciones al funcionario a reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría para que ellos se apeguen a la ley.

“El gobierno que presido está comprometido a ser eficaz y sobretodo, transparente”, advirtió.

Respecto a los señalamientos que ha habido por la adquisición de su propiedad en el Estado de México, el jefe del Ejecutivo afirmó que su actuar siempre se ha apegado al marco legal.

Reconoció, sin embargo, que en la opinión pública existe una percepción distinta en torno a este asunto y otros relacionados con la clase política.

“La corrupción en México es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar y a pesar de los esfuerzos emprendidos en la última década la percepción no ha mejorado.

En su mensaje ante los invitados dijo: “como Presidente tengo la convicción de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción”, señaló.

La percepción, dijo, se explica porque en México no tenemos los instrumentos normativos para aclarar posibles conflictos de interés.

Por esta razón dio a conocer un documento con ocho acciones ejecutivas que habrá de implementar la Secretaria de la Función Pública.

Aquí quiero ser enfático, el presidente no otorga contratos, no adjudica obras, no participa en ningún comité de servicios, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron opiniones diferentes”, informó.

A partir de mayo, los funcionarios deberán entregar su declaración patrimonial acompañado de una declaración de posible conflicto de interés para que se haga la investigación correspondiente.

Anunció, además, la creación de una Unidad Pública de Ética y Conflicto de Interés como parte de la SFP.

Se emitirán también reglas de integridad para la función pública que sean acordes a los nuevos tiempos.

“Que sea un protocolo formal que norme el actuar de los funcionarios en su diario actuar”, señaló.

Adicionalmente, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta abril para clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en los procedimientos de licitación de obras públicas.

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