PAN y Morena se confrontan por revocación de 29 Notarías Públicas

Por Fernando Castillo

Los diputados locales del PAN y Morena Mónica Rodríguez de la Vechia y Gabriel Biestro Medinilla se confrontaron por el inicio de la  revocación de 29 notarías públicas que emprendió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, mientas la primera acusó una “persecución política” contra los ex funcionarios y ex legisladores locales morenogalistas, el segundo avaló este proceso ya que se dio en medio de la “ilegalidad”.

En entrevista por separado la coordinadora de la fracción de Acción Nacional en el Congreso local, Mónica Rodríguez, aseguró que desde este instituto político están en favor de que se investigue la legalidad y la transparencia con la fueron entregadas las patentes por los ex gobernadores Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad; sin embargo, están en contra del “garrote político”.

“Estamos a favor de la legalidad, no de la persecución política. Estamos a favor que si hay algún elemento se dé a conocer, no conocemos ningún documento por el cual se va a hacer esta revocación, solo sabemos por medios que son notarías que están ligadas a Rafael Moreno Valle y Tony Gali”, sostuvo.

Por su parte el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, avaló el inicio de la revocación de las 29 Notarías Públicas debido a que se entregaron como un “pago de facturas” a los operadores políticos de los ex mandatarios Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.

El legislador del partido lopezobradorista, indicó que las patentes fueron dadas en circunstancias de “opacidad”, “ilegalidad” ya que nunca existió un decreto por parte de los ex mandatarios estatales del PAN para la creación de las Notarías.

“Fue muy positivo, todo mundo sabíamos que estas notarías fueron dadas en circunstancias de opacidad, de ilegalidad, como pago de compromisos políticos, de todo este esquema que se venía dando antes”, puntualizó.

En este sentido dijo que este proceso de la cancelación de las Notarías Públicas lo quisieron hacer desde el Congreso local; sin embargo, consideró era necesario que fuera desde el Ejecutivo poblano para darle certidumbre jurídica.

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