El secretario General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas, reconoció que faltan por cumplir dos de las 11 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo al gobierno de estado en septiembre pasado, tras lo ocurrido el pasado 9 de julio en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.
Durante su comparecencia frente a legisladores poblanos como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el funcionario subrayó que el caso no está cerrado, pues las recomendaciones hechas por el organismo nacional “no suplen el sistema de justicia, por lo cual el expediente no está cerrado”.
El neo perredista aseveró que en Puebla la “ley no se pacta, no se negocia ni se tuerce”, por lo que la acción que se realizó hace siete meses en contra de habitantes de Chalchihuapan estuvo apegada al marco jurídico.
Maldonado Venegas, dijo que los problemas derivados en Chalchihuapan obedecieron a la falta de mayor despliegue de efectivos, por el número de manifestantes; empero evidenció que en el transcurso del movimiento de los pobladores se hizo visible la intención de algunos actores que sí tenían organizada una “reacción violenta”, provocando el deceso del menor Luis Alberto Tehuatlie y al menos 100 heridos entre policías y pobladores de Chalchihuapan.
Por lo anterior, señaló que ningún gobierno está exento de enfrentar situación imprevistas como las ocurridas hace más de siete meses, aunque enfatizó en que “hubo daños no intencionales”.
“El diálogo se debe anteponer a la solución conflictos, pero hoy la coartada perfecta es en nombre de una demanda social que pretende propiciar un clima de violencia y tensión social. Lo hemos atestiguado en otras regiones del país, ningún gobierno está exento y la autoridad no tiene alternativa que hacer válido el Estado de Derecho”, dijo.
El titular de la Secretaría General de Gobierno aprovechó el escenario para puntualizar que en Puebla “no hay presos políticos”, pues son “líderes” de movimientos sociales que cometieron algún tipo de delito los que están enfrentando un proceso judicial.