Inconstitucional manejar dinero público como privado

Por: Pascual Raúl Zárate Gil
AQUÍ PUEBLA, desde Londres, 04 abril 2016.-Con la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios el gobierno federal parece darle carpetazo y contribuir a solapar a los estados que irracionalmente han endeudado a sus habitantes, han hipotecado las economías estatales por decenas de millones de pesos pagaderos a 30 y 40 años realizados con inversión privada en Programas de Participación Social denominados oficialmente como (PPS).

Obras y proyectos generalmente faraónicos, medievales, ornamentales que no cumplen con el beneficio promordial a las necesidades, que nada tienen que ver con el hambre, el desempleo, la recreación, las necesidades sociales y el bienestar comunitario, obras públicas sin visión y que solo resuelven problemitas al corto plazo. Los gobernadores se han convertido en verdaderos contratistas de obras y proyectos hechos a ultranza que poco tienen que ver con el desarrollo urbano integral, de vialidades, del desarrollo de vivienda popular, de infraestructura hospitalaria y educativa. Obras y negocios que se realizan entre unos cuantos empresarios y políticos para su exclusivo beneficio por miles de millones de pesos.

El objetivo de esta ley es contar con un instrumento de mayor control en el gasto de los estados y municipios para evitar, como hasta ahora lo han hecho, un endeudamiento desmesurado que lleve finalmente a las finanzas públicas a la quiebra, o a las próximas administraciones gubernamentales a convertirse en pagadores de las hipotecas y deudas adquiridas por los actuales mandatarios que van a salir este año, luego del período electoral que culminará el 5 de junio.

De acuerdo a la Asociación de Bancos e Instituciones de Crédito el monto de las deudas estatales llega ya a 500 mil millones de pesos, y en muchos casos ha rebasado o está por rebasar la capacidad de pago de cada una de las entidades, que va en proporción con el monto de las participaciones federales que reciben cada año, y que ahora ya no cuenta con los excedentes petroleros a los que se malacostumbraron los mandatarios para derrochar el dinero público en obras suntuarias de escaso o nulo impacto social.

El solapamiento del gobierno federal a los gobernadores es que toda la deuda contratada por estos antes de 2015 será avalado y garantizado su pago por el gobierno federal.

Todavía más, hay administraciones públicas que no reconocen su deuda como pública, e incluso estas operaciones no han sido aprobadas por los congresos de los estados, son manejos de operaciones inconstitucionales que se hacen manejando el dinero público como si fuera privado a través de fideicomisos con los que son disfrazadas y encubiertas estas operaciones.

No solo es preocupante que siga habiendo este género de manejos inconstitucionales abusivos y arbitrarios, al margen del marco del derecho, instrumentados al capricho de los gobernadores como si fueran sus negocios privados. Y lo más lamentable es que existan congresos, poderes legislativos vendidos, totalmente entregados a lo que les dicta el gobernador en turno, obviamente a cambio de prebendas y dádivas económicas generosas. Así se reparten la escasa riqueza entre unos cuantos abusivos poderosos.

Si no fuera por las coyunturas electorales en que los partidos de oposición sacan a relucir y a ventilar estos temas que los medios informativos convierten en tabú, en contubernio con los gobiernos locales, la población no se enteraría, pese a que el gobierno está obligado a informarle de todos estas manejos sucios que no se atreve a transparentar porque tendría que reconocer que ha sobre endeudado a la hacienda pública.

Por ello el tema de las deudas estatales no registradas, a través de fideicomisos, son de gran trascendencia a la ciudadanía, la cual debe actuar e inmiscuirse en el tema para ejercer presión y pedir cuentas a sus gobernantes.

La manera en que operan estas deudas no registradas es la siguiente: La Ley de Deuda de un estado, por ejemplo en el caso de Puebla, se define a los proyectos de inversión PPS como si no fueran deuda. Los recursos públicos, como impuestos, son administrados a través de un fideicomiso cuyo fiduciario es una empresa privada. En este caso Encord, la empresa de Pedro Aspe, el ex secretario de Hacienda que administra el Impuestos Sobre la Nómina que recauda el gobierno del estado y lo transfiere al fideicomiso.

Ya bajo la administración del fideicomiso privado obviamente el tema se convierte en materia privada y de acceso restringido. La gravedad no solo recae en que se destinen recursos públicos en largos plazos, aunado al desconocimiento de aquello como deuda pública, sino además no pasa el escrutinio, control y aprobación de los congresos locales. De tal suerte que se deja la administración y destino de aquellos recursos a fines desconocidos violando la transparencia con que los gobiernos deben operar.

La desventaja para la ciudadanía y falta de transparencia en la figura jurídica del fideicomiso es que se deja a las sombra y desconocimiento de cualquier ciudadano que desee conocer el destino del sus impuestos, quienes son las partes contratistas, las cláusulas contractuales, y ante todo si realmente los recursos públicos se destinan a lo que deben ser orientados.

Mientras algunas administraciones, como la poblana, se quiere colgar el logro de que no ha endeudado a la hacienda pública, que ha realizado decenas de cuantiosas obras sin recurrir al endeudamiento directo, a la solicitud de préstamos, en realidad miente, engaña a la población, porque cada obra es hecha y financiada por una empresa privada, y una vez concluida, la entrega al gobierno y éste le tiene que pagar una renta a un plazo de 25 o 30 años. Y lo peor es que no se sabe cuántos cientos o miles de millones tiene está pagando el gobierno por estas obras.

La renta que cubre el gobierno es una obligación que heredará por decenas de miles de millones (por recargos e intereses y utilidades de la empresa privada) a los próximos gobiernos. Incluso se puede observar que la SHCP no registra este tipo de deuda como tal. Peor aún que no esté enterada del manejo inapropiado del dinero público de los impuestos que son manejados por un fideicomiso privado.

Casos similares se presentan en Sonora, Coahuila, Puebla, Nuevo León. Como la misma Suprema Corte de Justicia ha señalado que el desconocimiento de la bursatilización o proyectos de inversión o la denominación que desee darle cualquier otra entidad federativa a los fondos públicos que se manejan en fideicomisos privados, resultan inconstitucionales. Pues al tratarse de un financiamiento de deuda privada cuyo patrimonio es integrada con recursos públicos, y que al trtarse de contratos privados intenta evitar la participación del poder legislativo, trasgrede los principios de transparencia, rendición de cuentas, administración y manejo de recursos públicos señalados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además estos fideicomisos intentan desaparecer el control y escrutinio del poder legislativo, violentando las facultades del poder Legislativo y atentando contra el equilibrio de poderes y la autonomía del legislativo. Por el simple hecho de no tener acceso el Congreso al fideicomiso, no tiene manera de controlar los ingresos que generan, no puede presupuestar, controlar su destino o incluso destinarlos a un objetivo distinto.

Por estos motivos, los esquemas financieros a través de fideicomisos que comprometen recursos estatales en medio de la opacidad, resultan inconstitucionales al desnudarse la realidad y el arbitrario abuso de estos financiamientos públicos maquillados de privados.

Todo ello con el avieso y engañoso afán de intentar evitar el reconocimiento del endeudamiento de las entidades de manera exorbitante en los últimos 5 años, e incluso en confabulación con gran parte de los legisladores que solo guardan silencio. El gobierno debe reconocer y aceptar que ha hecho todos los proyectos a la vista pero vía endeudamiento, no seguir engañando y manipulando a la ciudadanía con trampas inconstitucionales contables.

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