Por Cristopher López
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política , Jorge Aguilar Chedraui, rechazó una “persecución política” contra el ex edil panista Eduardo Rivera Pérez y lo exhortó a “solventar” las presuntas irregularidades por 411 millones de pesos a su cuenta publica 2013, que emprendió la Comisión Inspectora en diciembre del año pasado.
Lo anterior luego de que el ex edil manifestará públicamente su respaldo a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien aspira ser candidata por el Partido Acción Nacional rumbo a la presidencia de la República en 2018.
El también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, en el Congreso local, afirmó que él como funcionario publico por más de 16 años se dedicó a solventar sus cuentas publicas al frente de los diferentes cargos que tuvo, por lo que la respuesta lógica es que el ex edil blanquizul resuelva las observaciones que le hizo la Auditoria Superior del Estado (ASE).
“Lalo tiene obervaciones y lo exhorto para que le dedique más tiempo a solventar las obervaciones. Cuando fui funcionario tuve pliegos de revisiones por parte de la Auditoria Superior del Estado, de la Federación y la Contaloría Estatal, pero al final sí se hace un trabajo responsable se pueden lograr las aclaraciones”, sostuvo.
El legislador del blanquizul insistió en que el sistema del derecho en el país, “todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario”, por lo que insistió en que Eduardo Rivera “al día de hoy lo que debería de hacer específicamente es solventar. Si no solventa entonces ya hablaremos de algo distinto, pero hoy para qué perdemos el tiempo en esto”.
Lo anterior luego de que el pasado lunes el ex munícipe de la capital poblana, denunció a través de las redes sociales que la Auditoria Superior del Estado (ASE) ha sido excesiva con las observaciones de su cuenta pública y que le prepara el camino para hacerlo a un lado en los próximos comicios de 2018 con el objetivo de inhabilitarlo para que no pueda contender por la gubernatura.
En el mes de diciembre durante Sesión Ordinaria, los integrantes del Congreso local, argumentaron que la ampliación del proceso de fiscalización sobre el ejercicio fiscal 2013 obedece a presuntas irregularidades por 411 millones de pesos que el ex edil panista no ha logrado solventar.