Por Fernando Castillo
Los diputados locales solicitaron a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una segunda auditoría “en tiempo real” contra la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco por la presunta corrupción en la compra de 12 ventiladores “chatarra” que fueron donados al gobierno del estado y posteriormente regresados porque eran de uso y estaban contaminados, los cuales tuvieron un costo por 15 millones de pesos.
La nueva fiscalización de los recursos contra la edil de Morena fue solicitada por el diputado del PAN Oswaldo Jiménez López, en la que exigió la transparencia de los recursos; petición a la cual los legisladores de Juntos Haremos Historia le dieron celeridad, luego de la ruptura que tuvo Rivera Vivanco con el gobernador Miguel Barbosa Huerta por negarse a que la administración estatal asumiera el cargo de la seguridad.
La solicitud la hicieron los legisladores durante la Comisión Inspectora del Congreso local, pero esta fue aprobada sin ningún bloqueo por parte de los diputados de Morena, PT y PES, contrario a otras iniciativas que ha impulsado Acción Nacional, actual instituto político de oposición.
Durante su exposición de motivos en la sesión virtual el legislador de Acción Nacional pidió que en la sesión en donde asistan el titular de la ASE Francisco Romero Serrano y los diputados sea pública a fin de sea transparente el proceso, sin embargo, esta petición fue rechazada.
Por su parte la presidenta de la Comisión Inspectora Olga Lucia Romero Garci Cresto, programó para el próximo lunes el análisis del asunto en una mesa de trabajo entre los integrantes de este organismo y ofreció llamar al titular de la ASE, Francisco Romero Serrano.
La legisladora aseguró que el objetivo de iniciar la auditoría contra el gobierno municipal de la morenista se llevará a cabo con los criterios técnicos y no únicamente políticos.
Es importante mencionar que luego de que el gobierno del estado regresó los ventiladores mecánicos, la edil Claudia Rivera Vivanco, acusó que el gobernador Miguel Barbosa había emprendió una campaña de desprestigio en su contra y que desconocía que los equipos fueron usados, sin embargo, la misma empresa Fulle Hen defendió que el gobierno municipal sabía que estos equipos no eran nuevos y aún así los compró.
