Con un Decálogo Insustancial Peña Nieto no Invita a la Confianza

Por: Pascual Raúl Zárate Gil
Aquí Puebla, desde Londres, 4 septiembre 2015.-El contenido del informe del Presidente Enrique Peña Nieto no correspondió a la crisis de fiabilidad y confianza en que se halla inmerso su gobierno que sólo alcanza en las encuestas 35% de aceptación, su nivel más bajo a la mitad de su mandato, cuando habitualmente debería ascender a su cúspide. Solo uno de cada tres mexicanos cree en lo que ha hecho su gobierno. Y dos de cada tres no creen en lo que hace, critican lo que ha dejado de hacer, muestran su desacuerdo y descontento por lo que consideran ha hecho mal, contrario al interés nacional, como privatizar la exploración y privatización de los veneros petroleros.

Pese a que sus dos primeros años de mandato fueron de plena jauja financiera y presupuestal con un barril de petróleo a 100 dólares; el segundo con una reforma fiscal que le sigue allegando extraordinarios recursos presupuestales; a que en el bienio 2013-2014 las finanzas públicas fueron súper fortalecidas con la adquisición de casi dos billones de pesos de deuda pública (no se sabe en que pararon y qué beneficios generaron al país); no obstante esas ostensibles ventajas, la economía alcanzó un raquítico crecimiento de 1.7%; no hubo reactivación económica ni generación de empleo.

Peña dijo en su tercer informe que en su administración se han creado millón y medio de empleos, la cifra más alta de los últimos gobiernos. Es una cifra atractiva, positiva que oculta, no reconoce que deberían haberse creado tres millones y medio de nuevas plazas, a un ritmo de millón 200 mil anuales que demandan 25 millones de subempleados y desempleados, como los profesionistas que salen de las universidades públicas y privadas sin oportunidad de emplearse.

Tampoco mencionó que los salarios son de los más raquíticos del mundo para los egresados de las universidades. En México el neocapitalismo salvaje se ha ensañado ofreciendo sueldos de 10 y 15 mil pesos mensuales a los profesionistas, cuando bien les va.

El tercer año ha sido de debacle política, de desprestigio y deterioro personal. Primero por los temas de Ayotzinapa y Tlatlaya, que no han sido esclarecidos y levantaron oleadas en la opinión pública internacional, en la ONU y la Comisión Europea. Pero lo que derramó el plato, le pegó y seguirá afectando negativamente es el conflicto de intereses en que incurrieron él y Luis Videgaray cuando se ventiló que la empresa Higa le habría entregado o vendido al presidente lo que se ha dado en llamar la Casa Blanca, con un valor de 7 millones de dólares.

Con toda razón se censura a nivel nacional e internacional que Higa es una empresa que recibió jugosos contratos de obras de infraestructura cuando fue gobernador del Estado de México, y como presidente se le otorgó la concesión para una obra de agua potable en Monterrey por 55 mil millones de pesos. Este hecho plantea de manera clara un caso de soborno, corrupción y grave conflicto de intereses para quien gobierna para su enriquecimiento personal.

El costo político, social y moral ha sido muy alto. Pocos se tragaron el dictamen de la investigación que realizó el Secretario de la Función Pública, un empleado incondicional nombrado por el presidente para hacer una investigación a su conveniencia, incluida la compra de otra residencia millonaria por Luis Videgaray en Malinalco. Mas hubiera valido no haber montado lo que la mayoría de los observadores califican como una farsa, una investigación burlesca, “para taparle el ojo al macho”.Se ha puesto en evidencia ante los mexicanos que sus más altas autoridades actúan en plena impunidad.

Y el caso de la constructora española OHL es otro escandalazo en el que están bailando enormes fortunas de dinero público en contratos venales con dicha empresa en la que también están involucrados varios gobernadores donde OHL financia y realiza obras que se cobra a su entero gusto y satisfacción. ¿A cambio de cuánto a quienes se las otorgan?

En países como E.U. o la Unión Europea están vigentes leyes extraterritoriales que prohíben cualquier tipo de soborno en forma de pago monetario o en cualquier otra forma de valor a funcionarios públicos. La FCPA (Foreign Corrup Practices Act), legislación norteamericana, de igual manera existente en Europa, prohíbe cualquier tipo de cuota ya sea monetaria u otra forma de valor a funcionarios públicos, así como el cumplimiento de otras obligaciones administrativas con el fin de vigilar y evitar el soborno que pudiera colocarlos como agentes económicos ponderantes.

En México hay leyes explicitas que prohíben estas prácticas corruptas de soborno. Sin embargo, los primeros en rebasarlas, omitirlas, ignorarlas o violarlas son los propios mandatarios federales y estatales. Los 32 gobernadores de las entidades tienen a sus empresas constructoras favoritas con las cuales hacen multiplicidad de negocios para lavar dinero público que convierten en sus fortunas personales. Quienes dirigen el Estado y el gobierno socavan en estado de derecho. Y no solo se trata del tráfico de influencias, sino además los precarios resultados, precios inflados y tardías obras que se entregan.

El tema quedará en la turbiedad, en la oscuridad de la clandestinidad de las sospechas y complicidad es donde se entierran y desaparecen las leyes por quienes son responsables de aplicarlas, hacerlas valer y obedecerlas. El Acuerdo Nacional Sobre Justicia Ciudadana, parte del decálogo anunciado por el presidente, ¿pretender llegar a algo parecido a un salvamento del Estado de Derecho en México, o será otra ficción más como la investigación de la casa blanca?

Tres años de poco servirán para componer su trienio cumplido y el descomunal rezago que en esa materia arrastra el país casi de manera ancestral. Por otra parte, la crisis monetaria, con la revaluación del dólar frente al peso en más de 30%,y la amenaza del alza de las tasas por la FED, han alentado la voracidad de los banqueros y especuladores y el pánico oficial por detener la fuga de capitales.

El cataclismo en los precios del petróleo de 100 a 40 dólares promedio y la caída de la producción petrolera nacional condujo a recortes presupuestales este año y el próximo aún más fuertes, quizás superiores a 300 mil millones de pesos. Concluirá un ciclo de muchas décadas de crecimientos progresivos del gasto público nacional.

El miedo a la inflación aún contenida,que llegará irremediablemente en unas semanas en cuanto se acaben los inventarios de las importaciones nacionales, deprimirán más el poder de compra, el consumo nacional y el crecimiento económico interno.

Este cúmulo de calamidades internas y externas no han sido fáciles de explicar, justificar y menos aún de convencer y conciliar con los indignados y descreídos mexicanos hundidos en la pobreza y el desempleo, en un informe de dos horas ni en tres años de gobierno desafortunado y ahora mareado por los infortunios externos.

No son aconsejables, como dice Peña Nieto, los “saltos al vacío”, pero peor aún es mantenerse atados, desde hace tres decenios, a un modelo de desigualdades, de empobrecimiento interno y saqueo de la riqueza hacia el exterior. Y no hacer nada para cambiar y recomponer el camino y destino de este país.

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