El gobierno de Héctor Astudillo Flores anunció una recompensa para que las autoridades ministeriales reciban información sobre la ejecución del fundador del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, quien fue encontrado este fin de semana incinerado junto a su esposa, suegra y chofer en el municipio de Chilapa de Álvarez.
Ello a pesar de que autoridades federales y estatales han afirmado públicamente que la ola de violencia en Chilapa, tiene su origen en la confrontación que mantienen las bandas de Los Jefes, que dirige Zenén El Chaparro Nava Sánchez, y Los Ardillos, que lideran los hermanos del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez, por el control de las zonas de producción y trasiego de marihuana y heroína, así como el monopolio del secuestro y extorsión.
La batalla por Chilapa, municipio que conecta la Montaña y la región Centro de la entidad, no solo ha dejado una estela de muerte y terror, también ha exhibido presuntos nexos de autoridades con el narco.
En mayo de 2015, durante el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez, integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, irrumpieron y sitiaron durante una semana la cabecera municipal de Chilapa, donde realizaron cateos y privaron de su libertad a una treintena de personas que siguen desaparecidos.
Desde esa fecha, la violencia se ha agudizado en esta franja de la región Centro, donde prácticamente a diario son reportados asesinatos, secuestros y extorsiones, situación que ha colapsado la economía local y vulnerado el derecho de libre tránsito de la sociedad.
La barbarie no solo ha desgarrado a los sectores más desprotegidos, también ha alcanzado a la clase política.
En marzo de 2015, fue encontrado el cuerpo decapitado y con un narcomensaje de la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo por el PRD, Aidé Nava González, esposa del exalcalde del mismo municipio, Francisco Quiñónez Ramírez, ejecutado en junio de 2014. El hijo de ambos, Francisco Quiñónez Nava, fue secuestrado en 2012 y sigue sin aparecer.
En mayo de 2015, en pleno proceso electoral local, fue ejecutado el excandidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz.
Luego, en 2016, la ola de ejecuciones contra políticos se enfocó contra funcionarios de la administración del actual presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, conocido en el pueblo como Chuparra.
En mayo, un grupo armado ejecutó al director de Gobernación municipal del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Miguel Andraca Eligio y un mes después, fue asesinado el director de reglamentos, Roberto Francisco, ambos colaboradores del actual alcalde priista Jesús Parra García.
En julio del mismo año, un comando ejecutó al regidor priista del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Miguel Ángel Salmerón Nava, sobre la carretera federal que conecta la región Centro con la Montaña guerrerense.
Posteriormente, en septiembre fue ejecutado el secretario de Obras Públicas de municipio de Chilapa, José Luis Giménez Parra, junto a su chofer y un elemento de la policía municipal, quienes habían sido secuestrados previamente.
Luego, en octubre, el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento, Apolinar García Palatzin y su tío, el comisario del poblado Zizicazapa, Bartolo García Tlamalteco, también fueron asesinados.
Todos estos crímenes no han sido esclarecidos y la impunidad sigue provocando más violencia.
La semana pasada, nuevamente el escenario político se sacudió tras la ejecución del exalcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, quien fue secuestrado y posteriormente encontrado en Chilapa el viernes 13, degollado y junto a un narcomensaje.
Al siguiente día, sábado 14, el fundador del PRD en Guerrero y actual promotor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel Lopez Obrador, Ranferi Hernández Acevedo fue encontrado muerto junto con su esposa, suegra y chofer, al interior de su camioneta, la cual incendiaron.
En respuesta a la imparable ola de violencia e impunidad que se vive en Chilapa, el gobernador Astudillo emitió ayer un comunicado donde anunció el ofrecimiento de una recompensa para obtener información que permita localizar y capturar a los responsables del brutal crimen de Hernández Acevedo y su familia.
Luego de condenar el múltiple asesinato, el mandatario estatal informó que instruyó a la Secretaría de Finanzas para que entregue fondos adicionales a la Fiscalía General del Estado, “con el fin de otorgar recompensas a quienes colaboren para llevar ante la justicia a los responsables”.
Con información de Proceso