Con el propósito de detectar, atender y erradicar cualquier conducta u omisión que represente discriminación, violencia o acoso escolar en el Estado, los integrantes de la LIX Legislatura del Poder Legislativo, turnaron para su estudio y análisis, a las Comisiones de Gobernación y de Educación la reforma a la Ley de Seguridad Integral Escolar.
La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Martínez Amador, en la que se plantea aclarar el concepto de violencia o acoso escolar, incluyendo no sólo actos positivos sino también las omisiones de los involucrados que repercuten en las víctimas, así como todo acto de discriminación hacia los educandos.
El también coordinador del Grupo Legislativo del PRD, Martínez Amador, destacó que la reforma considera como violencia o acoso escolar, aquéllas conductas que se susciten a los alrededores de las Instituciones educativas, tomando en consideración los estudios realizados de que la violencia escolar se da principalmente a la salida de las escuelas.
En la propuesta del representante popular perredista se incluye la definición de los tipos de violencia escolar, en concordancia con el reciente Dictamen federal, incluyendo la violencia física, verbal, psicológica o la exclusión social.
Por otro lado, el legislador Carlos Martínez, resaltó que la modificación al ordenamiento señalado, prevé los fenómenos denominados ciberbullyng (violencia ejercida a través de las redes sociales) y sexting, o cualquiera que se dé por el uso de la tecnología.
Además plantea la creación de un área o departamento de atención psicológica en todas las instituciones o planteles educativos de nuestra entidad, que se encargará de realizar la valoración psicológica de los alumnos del centro educativo, así como desarrollar e implementar acciones tendientes a detectar cualquier conducta anómala o indisciplina de los educandos; y propondrá su tratamiento y atención oportuna, incluyendo el derecho de la garantía de audiencia de los involucrados.
De igual manera, el Pleno del Congreso avaló por unanimidad el Punto de Acuerdo que presentaron los Diputados Juan Carlos Natale López, Susana Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y Cirilo Salas Hernández, en la que exhortan al Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez, Puebla, y a la Procuraduría General de Justicia, investigar y proceder conforme a derecho en caso de existir responsables de los acontecimientos ocurridos en el Bachillerato “Vicente Lombardo Toledano.”