Por Fernando Castillo
El gobernador Miguel Barbosa Huerta, informó que la Comisión de Honestidad y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició con procedimientos administrativos contra 12 policías estatales por haber incurrido en conductas no ajustadas a los reglamentos de disciplina.
En conferencia de prensa matutina de este lunes, expuso que luego de que fueron suspendidos los una docena de elementos de seguridad por “conductas graves”, iniciaron con una serie de movimientos internos a fin de manifestar su inconformidad, no obstante, dijo que desde su gestión pondrán en marcha mesas de diálogo para llegar a un acuerdo conforme a la ley.
“Los señores policías es un grupo de elementos de la policía estatal que se autodenominan comisión blindada, es un grupo de elementos que cuando se sintieron desplazados de sus mandos, comenzaron con varios movimientos internos. Lo que estoy enterado es que hay un procedimiento administrativo por conductas no ajustadas a los reglamentos de disciplina y comportamiento que deben observar”, sostuvo.
Subrayó que los elementos policiacos están en su derecho de expresar sus posiciones y que sean escuchados por los medios de comunicación y la ciudadanía.
Suspende SSP a 12 policías
Este viernes, surgió un conflicto en las instalaciones de la Dirección de la Policía Estatal de Puebla, en la colonia Azcárate, luego de que doce elementos fueron suspendidos por “conductas graves”.
De acuerdo con sus compañeros, se trata de los elementos que en los últimos meses han encabezado las mesas de negociación para exigir aumento salarial y han denunciado las malas condiciones en la corporación.
Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, determinó suspender de manera temporal a 12 policías estatales este 14 de octubre, tras analizar expedientes administrativos enviados por la Dirección General de Asuntos Internos; el primero de estos órganos determinó que podrían haber incurrido en “conductas graves” que de probarse ameritaría su cese definitivo.
Dicho análisis concluye que los 12 agentes pudieron haber incurrido en conductas que alteran de manera grave la debida prestación de la función de seguridad pública, mismas que se traducen en el incumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, con las que se deben conducir los servidores públicos.