Por Cristopher López
Tras ser ratificados por el Pleno Congreso local como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), María de Lourdes Dib, David Paz Moreno y Alonso Siriako Guillén Almaguer rindieron protesta ante los diputados locales, quienes permanecerán en el cargo por un periodo hasta por 15 años.
En entrevista por separado los tres coincidieron en rechazar que hicieron méritos en la administración pública para que el gobernador Antonio Gali Fayad los haya designado como magistrados de este órgano que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y que se encargará de sancionar administrativamente a funcionarios públicos y empresarios que incurran en prácticas de corrupción.
Por su parte María De Lourdes Dib, afirmó que su compromiso al frente de este organismo será desempeñar un papel autónomo e imparcial ya que el país requiere que la corrupción se erradique de raíz.
De Lourdes Did, de igual forma descartó que su posición al frente del TJA sea para “blindar” al sector gubernamental y la clase política de la entidad ante temas de corrupción.
Aseguró que como magistrados de este órgano tienen la responsabilidad de sancionar a aquellos funcionarios y particulares que incurran en “faltas administrativas graves” ya que esa es la gran innovación de este Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
“Sucede como en la materia fiscal que hay una línea muy delgada entre lo que es falta administrativa y un delito, habría que ver y precisar porque van paralelos pero la ley habla de cohecho y enriquecimiento inexplicable. Todos esos puntos tenemos que afinar e ir definiendo los criterios del Tribunal porque recordemos que apenas se crea y sería muy aventurado decir vamos a sancionar. Existe toda la intención legal de cumplir con el Sistema”, sostuvo.
A su vez David Paz Moreno, ex funcionario del DIF Estatal, indicó que ellos tienen un plazo de 180 días para conformar todo el Tribunal y se reunirán con diferentes instancias de gobierno con el objetivo de que arranque en operaciones a finales de año ya que el plazo vence el próximo 18 de noviembre.
Durante la orden del día los legisladores locales avalaron la Iniciativa de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, por acuerdo del titular del Ejecutivo del estado, con el fin de armonizar la ley estatal con los requerimientos establecidos por la Ley General en la materia.