La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso Tanhuato evidencia nuevamente a los integrantes de la Policía Federal, la PGR y la PGJ de Michoacán como servidores públicos sin credibilidad, profesionalismo y capaces de cometer delitos en su desempeño, sostuvo el senador Miguel Barbosa Huerta.
En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PRD refirió en el enfrentamiento ocurrido en el Rancho del Sol, hay que tener presente que las fuerzas policiales se confrontaban con delincuentes, pero, de acuerdo con la CNDH, los criminales fueron ejecutados después de ser sometidos.
Esto, agregó el senador, pone a la Policía Federal “en la condición de una institución que viola derechos humanos, que abusa de la fuerza, que altera los hechos y la escena del crimen y que llega al extremo de asesinar”.
Barbosa Huerta aseveró que los derechos humanos reconocen a las personas, independientemente de su comportamiento lícito o ilícito y, aunque está de acuerdo con que las fuerzas del orden tomen acciones para someter al crimen, proejan sus propias vidas y repelan cualquier agresión, “es abominable que lleguen al nivel de la ejecución de personas ya sometidas, aun cuando estás sean delincuentes”.
El coordinador parlamentario aseguró estar a favor de una ley que regule el uso legítimo de la fuerza, no obstante, reconoció que ésta no resolvería nada si continúa este comportamiento por parte de las fuerzas policiales sin respeto a los derechos humanos.
“Con esta forma de ver las cosas por parte de las policías, no resolverá los abusos de las policías, ni regulará sus acciones en combate; lo que acredita el comportamiento de la Policía Federal en los hechos de referencia es una concepción que se tiene sobre los límites del respeto a la vida”, añadió.
Por otro lado, el senador poblano señaló que la evolución política, democrática, social y cultural de una nación también se mide también por el cumplimiento de las recomendaciones que hacen los organismos defensores de los derechos humanos.
En ese sentido, se pronunció a favor de que el Gobierno tome una decisión que reoriente el trabajo de todos los organismos que integran el sistema policial.
“Es muy grave lo acontecido; nuevamente esperamos una decisión de Estado que permita reorientar el trabajo de todas las instituciones del sistema policial, de procuración y de administración de justicia en todos los nivel del poder público”, concluyó.