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Gobierno de Puebla se deslinda por captura de Fernández Jasso; orden de aprehensión se giró desde 2018 

Gobierno de Puebla se deslinda por captura de Fernández Jasso; orden de aprehensión se giró desde 2018 

Por Fernando Castillo

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, aseguró que el Gobierno del Estado nada tiene que ver con la detención del ex funcionario Juan Carlos Fernández Jasso, ya que esta orden de aprehensión por el presunto delito de peculado se giró en 2018 durante pasadas administraciones.

Es importante mencionar que ayer al mediodía, agentes ministeriales arrestaron a Juan Carlos Fernández Jasso, ex director de Museos de Puebla en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y subsecretario de Ecología al final de la gestión de Mario Marín Torres, esto por la presunta entrega irregular de concesiones de verificentros.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal explicó que el Poder Judicial ejecutó la orden de aprehensión contra este ex funcionario de la administración marinista desde el 28 de diciembre de 2018, por lo que deslindó a su administración de haber presentado alguna denuncia contra Fernández Jasso.

“Ese señor fue servidor público fuera del gobierno actual, es una orden de aprehensión se giró el 28 diciembre de 2018, nada tiene que ver el Gobierno del Estado con haber presentado una denuncia y el Poder Judicial ejecutó la orden de aprehensión fue en 2018. Se ejecutó como cualquier orden de aprehensión que se ejecuta pero no tenemos nada que ver”, enfatizó.

Respecto a las denuncias por el saqueo de los museos poblanos en pasadas administraciones, refirió que no tiene los nombres sobre los ex funcionarios implicados con estos actos ilícitos, por lo que no revelaría contra quienes se inició una carpeta de investigación.

“Sobre las denuncias no tengo información en quienes sean los denunciados por el saqueo de los museos poblanos”.

La detención contra Juan Carlos Fernández Jasso, presuntamente es resultado de una denuncia por peculado que enfrenta desde hace una década, cuando laboraba bajo las órdenes de Francisco Castillo Montemayor, entonces secretario de Medio Ambiente, debido a la entrega irregular de concesiones de verificentros.

 

 

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