Facundo Rosas asegura que es inocente del delito de huachicol; es difamado por autoridades de Puebla

Por Fernando Castillo

El ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas Rosas, aseguró que es inocente del delito de huachicol y nexos con el crimen organizado, como lo acusó ayer el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al llamarlo “delincuente” y “criminal”, esto luego de que el ex funcionario presentó un amparo para evadir la justicia.

El ex secretario de Seguridad Pública, reconoció que sí tramitó un amparo el 17 de febrero, luego de recibir un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar sobre el operativo “Rápido y Furioso”, que se llevó a cabo en 2009, por parte de la federación, por lo que se deslindó de sus presuntos nexos con el robo de combustibles.

“En medio de esta desinformación, el propio gobernador de Puebla emitió una serie de calificativos, difamaciones e improperios como delincuente y criminal en contra de mi persona, cuando no era necesario, propios de alguien que ignora las leyes y sus funciones (…)”, refirió al señalar que el gobernador se apartó de su responsabilidad de actuar bajo el principio de presunción de inocencia.

Facundo Rosas, se dijo inocente de los señalamientos de robo de combustible, luego de que en 2015, dos de sus subordinados en la Secretaría de Seguridad Pública fueron detenidos en posesión ilegal de combustible, asimismo, dijo que tiene tranquila la conciencia y no tiene que avergonzarse de nada.

Subrayó que ha sido investigado durante los últimos 20 años por autoridades estatales y federales, por lo que hasta el momento no le han comprobado ningún delito, ni siquiera por sus presuntos nexos con bandas dedicadas al robo de combustibles en Puebla.

 

Pagó 500 mdp por caso Chalchihuapan

En este sentido, dijo que el caso Chalchihuapan, en el que ordenó un operativo contra los pobladores, ya es un caso juzgado, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya dio por válidas todas las recomendaciones, incluida su responsabilidad de orden administrativo, por la que tuvo que pagar 500 millones de pesos a Elia Tamayo Montes, madre del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió por un proyectil de una bala de goma en el cráneo, luego de que él ordenó el operativo violento.

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