La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura contundente tras la reciente acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria exigió al gobierno estadounidense presentar pruebas sólidas antes de emitir juicios, advirtiendo que, de lo contrario, el caso será considerado una estrategia de desestabilización política.
Sheinbaum subrayó que no se puede señalar a un funcionario de alto nivel basándose únicamente en narrativas sin sustento probatorio entregado formalmente a las autoridades mexicanas.
La presidenta fue clara al señalar que su administración no protegerá a ningún criminal: “No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”.
La mandataria federal refirió que si Estados Unidos entrega evidencia irrefutable, la Fiscalía General de la República (FGR) procederá con los protocolos legales correspondientes, incluyendo la extradición.
El factor político: Si las pruebas no llegan, Sheinbaum calificó el señalamiento como un “tema político”, sugiriendo una intención de injerencia por parte de las agencias estadounidenses.
El Departamento de Justicia de EE. UU. incluyó a Rocha Moya en una lista de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Los cargos principales presentados en la acusación federal son:
Colaboración con “Los Chapitos”: Presunto apoyo operativo a la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
