Como parte de la implementación de la Norma Emergente de Verificación Vehicular, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), llevará a cabo operativos de inspección y vigilancia a los verificentros en el estado de Puebla para corroborar que cumplan con los lineamientos establecidos como los marca la norma emergente, informó el Subprocurador de Inspección Industrial de la dependencia, Arturo Rodríguez Abitia.
En conferencia de medios en la ciudad de México, dio a conocer que de los 17 verificentros de la entidad poblana, el cien por ciento ya adquirió el equipo necesario para hacer la revisión a los automóviles.
El funcionario federal explicó que a partir de ese viernes la lectura de emisiones de los vehículos se realizará con la computadora de los automóviles y no sólo con pruebas dinámicas y estáticas.
“Para los vehículos 2006 y posteriores que ya cuentan con la tecnología, las pruebas serán a través del cableado ODB2, que permitirán leer las emisiones del vehículo, mientras que para los modelos 2005 y anteriores, continuará siendo a través de las pruebas dinámicas”, sostuvo.
El funcionario federal, refirió que, ante estos cambios, se continuará verificando en los mismos centros, con la misma calendarización y las mismas tarifas: holograma “00” 650 pesos, holograma “0” 450 pesos y holograma “1 y 2” 250 pesos.
El funcionario federal, señaló que la multa para no verificar será de 20 salarios mínimos, es decir que será amonestado con mil 460 pesos, no obstante, aseguró que el reporte del gobierno de Puebla es que existe voluntad por parte de 130 concesionarios de transporte público y con personal de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado.
En este sentido afirmó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se declaró lista para iniciar este 1° de julio del 2016, con la inspección a los 447 verificentros (338 centros de verificación para el transporte particular y 109 unidades de verificación para el transporte público federal) en las seis entidades de la denominada Megalópolis: que conforman la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
En ese sentido, el funcionario federal dijo que la labor de la PROFEPA será exclusivamente la de verificar el correcto funcionamiento de los instrumentos que se utilizan en el proceso de verificación de las emisiones de los vehículos.
En conferencia de prensa, el Subprocurador de Inspección Industrial de la PROFEPA, aseveró que esta Procuraduría no revisará los vehículos ni actuará en contra de particulares.
Rodríguez Abitia indicó que “la PROFEPA exclusivamente realizará sus acciones dentro de los verificentros” revisando el correcto funcionamiento de los instrumentos que se utilizan para evaluar las emisiones vehiculares para que estas sean confiables.
Agregó que se verificará que los instrumentos tengan el mantenimiento requerido y sean calibrados con la periodicidad que marca la normatividad correspondiente.
“Se verificarán los dinamómetros, estaciones meteorológicas, lectores de gases, tacómetros, opacímetros, entre otros, para que provean de lecturas confiables e información correcta”, apuntó.
Para realizar las visitas de verificación, la PROFEPA utilizará desde el 1 de julio 64 inspectores federales distribuidos en 16 brigadas. Esta fuerza de inspección cubrirá los verificentros de las seis entidades federativas en donde se aplica la norma emergente.
Cabe señalar que este jueves, la PROFEPA firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otros con cada una de las estancias estatales encargadas del medio ambiente que integran la Megalópolis para lograr una coordinación efectiva entre las autoridades involucradas en la vigilancia de la NOM emergente.
En caso de encontrarse irregularidades durante las visitas de inspección, la PROFEPA podrá imponer medidas de seguridad e instaurar procedimientos administrativos para sancionar y corregir las no conformidades con la norma.
Las sanciones económicas a las que podrían hacerse acreedores los centros de verificación, podrán alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad, de acuerdo con los criterios que establece la ley; entre estos, la gravedad de las infracciones, la reincidencia del infractor, el beneficio económico obtenido como consecuencia de la irregularidad y el carácter negligente o doloso de la acción.