Validación de SCJN para uso obligatorio de cubrebocas, llega tarde: Barbosa

Por Fernando Castillo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció tarde en cuestión del cubrebocas, ya que es un artículo de la cultura diaria de la sociedad durante los dos años de la pandemia Covid-19, consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, luego de que la máxima autoridad en materia de justicia validó a los gobiernos estatales obligar a la población utilizar este artículo.

El mandatario estatal aseguró que una ley sin sanciones es imperfecta y lo que no impulsaron en los decretos que emitió el Gobierno del Estado durante la pandemia fue un castigo contra quien no usara de manera obligatoria el cubrebocas, además de que surgió la interpretación de cómo se ejercía la ley por parte de las policías municipales en contra de las personas que se negaban a utilizar este artículo, sin embargo, no se impulsaron este tipo de acciones.

“Nosotros si asumimos está facultad, imagínense la Suprema Corte se vino a manifestar ya que esto es historia, es parte de la cultura instalada entre nosotros. En Puebla sí se decretó, sí se establecieron actos de autoridad, mandamientos sobre escrito sobre el uso de cubrebocas y una ley sin sanciones es imperfecta, lo que no pusimos fueron sanciones para quien no usara cubrebocas”, puntualizó.

Destacó que Puebla es el único estado que contuvo las medidas de prevención a través de decretos para combatir la pandemia, en donde se estableció el uso de cubrebocas, no obstante, dijo que nadie haya impugnado es otra cosa, pero desde su administración se trabajó para reducir la curva de contagios durante los dos años de la pandemia.

Es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad que tienen los gobiernos de los estados para obligar a la población a usar el cubrebocas como forma de mitigación de la Covid-19.

Así lo determinó por mayoría de votos el Pleno del Máximo Tribunal del país al discutir la acción de inconstitucionalidad 48/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Decreto 443 por el que se reformó la Ley Estatal de Salud de Nuevo León.

 

 

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