Por Pascual Raúl Zárate Gil
Aquí Puebla, desde Londres
Aunque el secretario de Gobernación Osorio Chong, ha salido a decir que el diferendo de Aristegui y MVS “es un asunto entre particulares”, seguramente con el ánimo de parar las hipótesis que señalan que detrás del caso se encuentra escondida la mano del gobierno en represalia por lo que la periodista difundió acerca de la residencia (casa blanca) que le habría sido regalada al presidente Peña Nieto por la empresa HIGA, los mexicanos difícilmente se tragarán la píldora, a sabiendas de muchos otros casos de periodistas acallados, despedidos, perseguidos, amenazados y asesinados en los que han sido señalados altos funcionarios federales y gobernadores como autores intelectuales.
Observamos a un Estado mexicano que se esmera y afana en proteger, legislar y publicitarse garante de la libertad de expresión y el acceso a la información; pero en sorprendente contraste, es el más asiduo perseguidor y represor de estos principios fundamentales que tutela hasta en tanto no son ejercidos y dirigidos en su contra. Casos como el de Aristegui, y de otros verdaderos soldados anónimos de la libertad de expresión por la que pierden la vida, pasan desapercibidos o vistos con cruel indiferencia.
La libertad de expresión es un derecho humano tutelado por la CIDH), que continuamente recomienda y exige a los llamados estados democráticos el respeto a dicha libertad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no deben ponerse obstáculos, candados ni límites irrazonables a la libertad de expresión e información, que las ha definido “como la expresión de pensamientos, ideas y opiniones, lo cual incluye apreciaciones y juicios de valor a una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del estado democrático. Es la llave para mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político, se configura como un contrapeso al ejercicio del poder”.
Sin atrevernos a precisar si la decisión de MVS de separar a Carmen Aristegui es por diferencias e intereses de la empresa, si la periodista se tomó atribuciones empresariales que no le corresponden, o es por represalias gubernamentales, en el fondo del asunto subyace la censura y limitación a la libertad de expresión, principio y valor nacional que sale perdiendo con irreparable daño al estado mexicano y su población.
Si bien, a gusto particular, cada persona diferirá sobre el ejercicio de la profesión de la periodista o de cualquier otro comunicador, por interés personal, ideales, formas de ver, creer y opinar; lo primordial es defender el avance y fortalecimiento, no la regresión, de la pluralidad democrática sin miedo a la diversidad de opiniones, sin temores ni amenazas a represalias, intimidaciones, ya físicas, morales o laborales, como las que sufren muchos periodistas, sujetos por poderosas presiones internas y amenazas y persecuciones externas. No siempre provenientes de algún gobierno sino también de poderosos empresarios y particulares, de mafias del crimen y capos del narco.
Normal resulta la incomodidad e inconformidad de personajes del gabinete federal (Luis Videgaray) al quien se le señalan propiedades irregulares. Fue a propuestas y exigencias de la Comisión Interamericana, que el Presidente Peña Nieto reconoció la importancia de proteger la libertad de expresión; y en el 2012 el Estado Mexicano, bajo la presidencia de Felipe Calderón, se promulgo la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y una Fiscalía Especial. Nadie puede ser reprendido por defender los derechos humanos violentados injusta e injustificadamente.
Pero si en el discurso oficial y la propaganda política el Estado mexicano se auto postula garante del ejercicio de la libertad de expresión; e incluso promulga Leyes Federales, garantías constitucionales y derechos humanos reconocidos, en los hechos, se contradice, presenta una cara diferente cuando es criticado y censurado desde los diversos espacios informativos en sus actos, hechos, abusos, ineficiencias, errores, corruptelas, impunidad, despilfarros; mala conducción del gobierno, sin ofrecer un rumbo cierto a los mexicanos.
El que nada debe, nada teme. Porque en lugar de censurar, el Estado y el gobierno simplemente proceden a esclarecer. Si no hay miedo al enriquecimiento ilícito o evasiones fiscales, a concesiones de obras arregladas ¿por qué entonces no reconocen tales propiedades como suyas? A México le hace falta crear ese vínculo entre legislación (intención y materialización) para no seguir construyendo puentes falsos del lodo de la simulación que fácilmente se destruyen, y lo único que procede es apagar el fuego al precio que sea, como golpear la libertad de expresión y los derechos humanos para detener el escándalo.
Lo rescatable para la sociedad mexicana es la unidad nacional en torno al respeto y ejercicio pleno e intenso de la libertad de expresión; fortalecer este derecho tutelado por el marco jurídico. Si bien el caso Aristegui recae en un litigio entre particulares, deja en duda, si de eso se trató, o el tema llega hasta las presiones jerárquicas. El ejercicio tenaz de la solidaridad y la unidad nacional hacen falta para que la sociedad presione, obligue al gobierno a ser el primero en respetar y cumplir el estado de derecho.
El narcotráfico y el crimen organizado son otras dos fuerzas que amenazan las libertades y derechos humanos de los mexicanos. El gobierno debe dejar a un lado las comodidades y el oropel que le da el poder político y económico y dedicarse a rescatar las libertades perdidas en varias entidades de la república como, el Estado ha sido sustituido por las mafias que se multiplican y crecen.
No hay transparencia, honestidad, rendición de cuentas, ni consulta, se ignora a la ciudadanía. Un pueblo silencioso no avanza. Aquí al otro lado del canal de la Mancha el pueblo francés le dio una lección al mundo con su vibrante canto emocionado a la libertad de expresión en el reciente caso de “Je Suis Charlie”.