Uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa está dado de alta como soldado en activo, pero su identidad fue catalogada como “confidencial”, reveló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de una solicitud de información a la agencia de noticias del semanario Proceso.
“Proporcionar la información representa un riesgo real para la seguridad de la familia del militar desaparecido, ya que podrían ser identificados con facilidad, dando como resultado posibles atentados en su contra”, informó la Sedena.
A mediados de abril, el reportero Ezequiel Flores Contreras realizó una solicitud de información a dicha dependencia federal –folio 77315– en la que preguntó si entre los normalistas desaparecidos se encontraban soldados en activo.
Lo anterior debido a una línea de investigación seguida sobre el nivel de infiltración del gobierno federal en la esfera de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, considerada por autoridades y políticos como “semillero de guerrilleros”. Esta infiltración ha sido con el fin de seguir cada paso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
La semana pasada, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió una respuesta oficial a la revista Proceso donde hace la siguiente revelación:
“Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”.
Lo anterior se indica en el oficio 2433, firmado por el subjefe administrativo y logística del Estado Mayor de la Sedena, General David Córdova Campos.
La resolución denominada “confidencial”, justifica la reserva del nombre del militar en activo que era estudiante en la Normal de Ayotzinapa y forma parte del grupo de 43 jóvenes desaparecidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
Ello debido a que el proporcionar el nombre del soldado, “potenciaría considerablemente una amenaza en agravio de la vida, seguridad y salud de su familia”, señala la resolución de la Sedena.
Consecutivamente, agrega: “Ya que la información podría ser utilizada por grupos desafectos a las fuerzas armadas, incluyendo la delincuencia organizada, poniendo en peligro la vida, la seguridad y salud de la familia del militar desaparecido”.
Este hecho aporta una nueva línea en el caso Ayotzinapa; incluso, ni siquiera había sido abordada por el gobierno federal para explicar la causa por la que autoridades coludidas con la delincuencia actuaron en contra de los 43 normalistas desaparecidos, entre ellos un soldado en activo.
Se caen piezas clave de versión oficial de caso Ayotzinapa
Hace unos días la revista Proceso reveló a través de una investigación que la policía municipal de Iguala, estaría esperando a los 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, sin embargo, no fue así ya que esa noche la peor parte de los ataques contra los estudiantes ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal estaban operando en ese preciso momento en las calles de Iguala.
Ulises Bernabé García era juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se perpetró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En entrevista exclusiva revela lo que pasó esa noche.
En esta sexta entrega de la investigación realizada con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, García asegura en entrevista –desde una ciudad mexicana fronteriza, y a punto de cruzar a Estados Unidos– que los estudiantes jamás fueron llevados a esa base y que tampoco llegaron policías municipales de Cocula, tal como asienta la versión oficial de la Procuraduría General de la República.
Su testimonio y documentos obtenidos para esta investigación revelan que la peor parte de los ataques contra los normalistas ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal estaban operando en las calles de Iguala.
Una de las partes principales de la versión oficial es que, a las 11:30 de aquella noche, policías de Iguala se llevaron a estudiantes de la calle Juan Álvarez –donde ocurrió una de las agresiones contra los normalistas– a la base de la policía municipal. En una versión, la Procuraduría General de la República (PGR), asienta que fueron los 43 y, en otra, que sólo 10 o 15. De ahí, en dos patrullas de la Policía Municipal de Cocula se los llevaron al paraje Loma de los Coyotes, donde los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los asesinó y quemó a la media noche de ese día en un basurero.
En contraste, García afirma que, en las horas que la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los estudiantes fueron llevados a la base, un militar conocido como el “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando de un grupo de 12 soldados uniformados y armados realizó una minuciosa inspección en toda la comandancia por más de 15 minutos. Poco después, señala García, llegó al mismo sitio el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, y tomó control de la base por el resto de la noche y hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
Versiones periodísticas señalan que imágenes satelitales de Estados Unidos fotografiaron el momento en el cual no hubo ningún incendio el basurero de Cocula como afirma la versión oficial de la PGR, donde supuestamente integrantes del crimen organizado quemaron los cuerpos de los estudiantes y encontraron restos óseos, sin embargo, señala que el humo provenía del 27 Batallón de Infantería.