Por Fernando Castillo
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no tiene facultades para que interponga una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre leyes aprobadas por el Congreso local, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien explicó que este Poder no fue elegido por el pueblo, contrario al Ejecutivo y Legislativo.
Lo anterior, luego de que trascendió en versiones periodísticas que el presidente del TSJ Héctor Sánchez convocó este viernes a los magistrados a una reunión de Pleno, con el objetivo de impulsar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial que envió el gobernador Miguel Barbosa al Congreso local.
Al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal llamó a los magistrados y Pleno del Tribunal Superior de Justicia apoyar la reforma que impulsó en la materia, con la finalidad de fortalecer y consolidar al Poder Judicial, ya que el poder público del estado estará muy adelante contrario a otras entidades del país, además de que beneficiará a la sociedad poblana.
“No hay facultades para que desde el Tribunal Superior de Justicia se promuevan acciones de inconstitucionalidad, la reunión de hoy del Pleno del Tribunal no tiene ese propósito porque no hay atribuciones para interponer acciones de inconstitucionalidad, la controversia es otra cosa, es un conflicto de competencia de poderes, pero no para el caso de aprobación de leyes, pero acciones para revisar la constitucionalidad de una reforma particular, no tienen atribuciones”, puntualizó.
Destacó que todos los magistrados del Poder judicial son juristas, son abogados que tienen conocimientos amplios en todas las ramas del derecho, por lo que confió que una vez que estén profundizados en la iniciativa de reforma constitucional a la Ley Orgánica del Poder Judicial, respaldarán su propuesta, ya que esta iniciativa tiene pleno respeto a sus derechos, ya sea que hayan sido electos por el Poder Ejecutivo y el Congreso local.
Agregó que las acciones de inconstitucionalidad las pueden promover otros organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que así es la estructura constitucional del Poder público en el país, por ello, confió en que los magistrados del Poder judicial apoyarán las reformas que envió al Congreso local.
