Con un peritaje independiente, la organización Amnistía Internacional confirmó la veracidad del video difundido en redes sociales y calificó como un ‘crimen de derecho internacional’ la ejecución extrajudicial de un civil por parte de un elemento del Ejército Mexicano la noche del tres de mayo durante un enfrentamiento entre militares y supuestos huachicoleros en la comunidad de Palmarito Tochapan.
La organización pidió a las autoridades mexicanas que investiguen el actuar de los soldados en la localidad poblana y que eviten ocupar a las fuerzas castrenses para resolver problemas de seguridad pública, pues evidencian que están fuera de control.
A través de un comunicado de prensa la organización internacional defensora de los derechos humanos con presencia en 30 países, indica que las imágenes de video, verificadas de forma independiente, en las que se ve a unos hombres vestidos con uniformes militares mexicanos matando a tiros a una persona durante una operación de seguridad en Quecholac, Puebla ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales, mientras el Congreso de la Unión debate un proyecto de ley que permitiría a las fuerzas armadas desempeñar dichas funciones.
“Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas. Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia.”
La defensora de los derechos humanos añadió, que en lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas.
Fuentes militares confirmaron oficialmente que el 3 de mayo de 2017 el ejército llevó a cabo dos operaciones de seguridad en Palmarito Tochapan, una pequeña localidad del estado de Puebla, en la región central de México. Según las fuerzas armadas, durante la segunda operación hubo un tiroteo entre soldados y presuntos delincuentes que desembocó en la muerte de cinco personas, dos soldados entre ellas. Unos días después se publicaron en las redes sociales unas imágenes de video presuntamente pertenecientes a la operación en las que un soldado dispara supuestamente a una persona tendida en el suelo.
Amnistía Internacional ha verificado de forma independiente las imágenes sin encontrar ningún indicio de que hubieran sido editadas o manipuladas.
La organización también ha verificado que las imágenes se tomaron en Palmarito Tochapan, que el video no se publicó en Internet antes del 4 de mayo de 2017 y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen en él coinciden con los de otras imágenes de las fuerzas armadas de México.
Amnistía Internacional analizó también otros videos del mismo suceso que se publicaron de forma independiente en las redes sociales y que corroboran estas imágenes.
Basándose en estos datos, Amnistía Internacional tiene razones suficientes para creer que la noche del 3 de mayo de 2017 podría haberse cometido una ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan, Puebla, y pide a las autoridades una investigación civil imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado en el caso, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior.
“Todos los indicios señalan que miembros del ejército mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es un crimen de derecho internacional. Las autoridades mexicanas no deben perder más tiempo y abrir una investigación civil urgente de este incidente.”
El caso surge en medio de un debate nacional en torno a un proyecto de ley sobre “seguridad interna” que encargará a las fuerzas armadas su participación en algunas operaciones de seguridad que debería llevar a cabo la policía y que incluye conferirles facultades para detener a personas, reunir y procesar pruebas, y participar en la investigación de delitos.
Las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas.