e-consulta Samantha Páez
La administración morenovallista suma 241 presos políticos, lo cual demuestra la represión que existe contra luchadores y movimientos sociales pero también contra ciudadanos que se oponen a proyectos gubernamentales, así lo denunciaron desde el Senado de la República organizaciones civiles en compañía de las legisladoras Dolores Padierna Luna y Roxana Luna Porquillo.
Con esta cifra Moreno Valle Rosas triplica todos los presos políticos que hubo durante el sexenio de Mario Marín Torres, pues el Nodo de Derechos Humanos (Nodho) reportó el encarcelamiento de 78 personas por su participación en luchas sociales durante la administración estatal anterior.
Persiste el hostigamiento a activistas
En una conferencia de prensa en el Senado, integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, Cholula Viva y Digna, el Frente Puebla Libre, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre), el Frente Nacional de los de Abajo, las víctimas del desalojo violento de Chalchihuapan y las legisladoras hicieron un “llamado urgente a la civilidad y la cordura”.
La dirigente de la UPVA, Rita Amador López, leyó un comunicado donde se señala que en los cinco años de gestión de Rafael Moreno Valle Rosas 241 personas fueron encarceladas o tienen órdenes de aprehensión en su contra por oponerse a medidas del gobierno estatal que afectan su vida cotidiana.
Señaló que pese al revés que sufrió el gobernador en las pasadas elecciones del 7 de junio, donde su partido perdió nueve de 16 diputaciones federales, el hostigamiento persiste o, incluso, se ha incrementado.
Procuraduría persigue a activistas
Para los activistas y parlamentarias, lejos de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) persiga a los delincuentes que azotan el estado, se encarga de acosar y amenazar a las personas que defienden sus derechos, como son los presidentes de las juntas auxiliares, los ciudadanos que cuidan del patrimonio histórico y cultural, así como quienes se oponen a proyectos que afectarán el medio ambiente y estilo de vida de los pueblos originarios.
Rita Amador recalcó que tres líderes de la UPVA 28 de Octubre, entre ellos el asesor general, Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, fueron arrestados desde diciembre a la fecha, mientras que ella y otros compañeros tienen órdenes de aprehensión en contra.
En contraste Puebla es de los tres primeros estados en robo de combustible y robo a transporte de carga.
Este martes, incluso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arrestó al director general de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y al jefe del Grupo Especial de Operaciones (GOES), Tomás Méndez Lozano, por presunto robo de hidrocarburos.
Los funcionarios estatales fueron asegurados en el municipio de Tepeaca, donde además se ubicaron 31 camionetas con combustible de ilícita procedencia.
Leyes van contra ciudadanos
Otra de las cuestiones que destacó Amador López es que el Congreso del estado está bajo el yugo del mandatario poblano, por ello en los últimos años se aprobaron leyes que atentan contra los derechos humanos, tales como la: Ley de expropiación, privatización del agua, la Ley antigraffiti, la reforma a la ley orgánica municipal y la “Ley Bala”.
La líder de comerciantes indicó que como resultado de la Ley Bala y de la reforma a la Ley Orgánica municipal pobladores de Ajalpan, Tehuacán y Ocoyucan –éste último municipio al que pertenece San Bernardino Chalchihuapan-, fueron reprimidos de manera violenta.
En el caso de Chalchihuapan el niño José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo fue herido de muerte durante el desalojo de manifestantes el 9 de julio de 2014, también otros cinco pobladores resultaron con heridas graves.
Cabe destacar que por la agresión de Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 el pasado 11 de septiembre, sin embargo la misma dependencia informó este 8 de julio que el gobierno estatal cumplió sólo con seis de los once puntos de la recomendación.
Piden a RMV recapacitar
Ante esta situación Rita Amador, a nombre de activistas, académicos, ciudadanos y legisladores, llamó al gobernador a que recapacite sobre su manera de ejercer el poder, así como libere a los presos políticos y deje de violentar la decisión de los ciudadanos.
El pronunciamiento de las organizaciones y activistas también fue signado por nueve legisladores: Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Roxana Luna Porquillo, Aliet Bautista Bravo, Gloria Bautista Cuevas, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Virgilio Caballero Pedraza y Socorro Ceceña.
Así como por los académicos e investigadores Francisco Vélez Pliego, Julio Glockner, Ana María Ashwell Mallorquin, Carlos Figueroa Ibarra y María de Lourdes Pérez Oseguera, además de activistas nacionales.