La reforma constitucional en transparencia puso a México a la vanguardia en este tema, pero ahora se requiere de una amplia participación social para acometer con prontitud los retos que plantea su materialización, señaló la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente de la Mora.
“La magnitud de la tarea que enfrentamos nos obliga a desplegar una amplia convocatoria social”, indicó en su participación en el primer coloquio Los retos de la reforma constitucional en materia de transparencia y sus leyes reglamentarias, organizado por el IFAI, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo.
Sin duda, dijo, se ha avanzado mucho, pero consideró que en esta nueva etapa de la transparencia en nuestro país se requiere de una gran participación social.
“Necesitamos involucrar en este esfuerzo a los nuevos y a los que ya eran sujetos obligados; a los gobiernos federal, estatales y municipales; a todas las instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a las instituciones académicas, a la sociedad civil organizada; a los jóvenes, los adultos mayores, mujeres, grupos indígenas, a todas, a todos”, propuso.
En este sentido, destacó la asistencia al coloquio de expertos de la sociedad civil organizada, y afirmó que su creciente participación, siempre crítica y propositiva, ha brindado elementos para el desarrollo de una cultura de la transparencia en nuestro país.
“Estoy segura de que en esta nueva etapa del IFAI, nuestra vinculación seguirá siendo respetuosa y fluida. Los canales de comunicación siempre estarán abiertos”, ofreció.
El coloquio fue inaugurado previamente por la comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora, y es el primero de una serie de eventos que el IFAI organizará para enriquecer el debate sobre las propuestas que habrán de recoger los legisladores para la elaboración de las leyes secundarias en transparencia.
Posteriormente, durante el desahogo de los trabajos, Ximena Puente de la Mora expuso que la reforma plantea retos para hacer realidad la reforma constitucional en transparencia, los cuales giran en torno a tres cuestionamientos:
“¿Cómo hacer para homologar el derecho de acceso a la información en todo el país, y desarrollar estándares mínimos para los dos derechos que tutela el Instituto?; ¿Cómo expandir el derecho de acceso a la información?; ¿Por qué la reforma debe ser vista, también, como un cambio de paradigma de la política pública en materia de transparencia?”.
De este modo, habló de la necesidad de establecer ejes y principios básicos, para evitar asimetrías entre los diferentes marcos normativos de los estados; de expandir el derecho de acceso a la información, mediante una gran campaña nacional de difusión, y de transitar de una política pública reactiva a una política proactiva.
Otro reto, agregó, será dar un nuevo diseño institucional al IFAI, en atención a las nuevas atribuciones que le fueron conferidas, entre ellas, la de atraer recursos de revisión locales, que lo ameriten por su interés y trascendencia; interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, e imponer medidas de apremio, para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
En el coloquio, que se llevó a cabo en el auditorio “Alonso Lujambio” del IFAI, participaron Jacqueline Peschard, ex comisionada presidenta del Instituto; Mauricio Merino, coordinador de la RRC; Héctor Rubio, coordinador del Colectivo por la Transparencia, y Francisco Alvarado, de Iniciativa Ciudadana, quien actuó como moderador.
En su participación, Mauricio Merino habló de la necesidad de contar con un IFAI que represente y encabece las mejores causas de la transparencia y de la rendición de cuentas en México, y que lo haga desde el más profundo de los compromisos y desde el más estricto y criterio democrático.
“No queremos un IFAI atento a las opiniones políticas de quienes los designaron; no queremos un IFAI atento a las opiniones de los actores más poderosos del sistema o en busca del aplauso público; no queremos un IFAI sometido a los poderes políticos de los estados, ni a los partidos, ni ajeno al debate público”, subrayó.
Manifestó que las leyes generales, de transparencia, de protección de datos personales y de archivos deben corresponder al proyecto político de la reforma aprobada; que transforme las viejas prácticas burocráticas y autoritarias del gobierno, en todos sus niveles; que sea una reforma de fondo que, hasta cierto punto, sea asumida como una verdadera revolución administrativa.
En su oportunidad, la ex comisionada del IFAI, Jacqueline Peschard, señaló que entre los retos que deberá enfrentar el Instituto se encuentra el tema normativo, es decir, la elaboración de las leyes secundarias, en las que deberán establecerse los estándares generales de acceso a la información, los principios, bases y procedimientos, con el nivel más alto de exigencia en transparencia, en la interpretación de la norma y en la promoción de la máxima publicidad.
Peschard coincidió con la Comisionada Presidenta del IFAI en que otro de los desafíos será reformular la estructura organizacional y de operación del Instituto. Se tiene que hacer un esfuerzo, dijo, por aprovechar la experiencia acumulada, el capital profesional probado en el conocimiento de las normas y en el compromiso con la máxima protección con los derechos fundamentales.
La ex comisionada del IFAI mencionó también que habrá que enfrentar el reto político, el cual tiene que ver con la definición del Instituto, como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia e institución clave en la conformación de un esquema de rendición de cuentas.
A su vez, el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Héctor Rubio, advirtió que uno de los principales riegos de la reforma constitucional en transparencia y sus leyes reglamentarias sería caer en ese lugar común de nuestra historia, que con el afán de resolver problemas públicos, se creen instituciones que no funcionan y normas que no se aplican.
Ejemplo de lo anterior, dijo, fue la creación de otros órganos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, que en la letra gozan de autonomía constitucional, pero que en la práctica corren el riesgo de quedar supeditados al Ejecutivo Federal y a los poderes fácticos.