La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, denunció la desaparición del documento oficial donde se autoriza al dirigente de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” el beneficio de la libertad preparatoria ordenada en 2001 dentro del proceso 113/1989.
Lo anterior lo dio a conocer el abogado de la organización, José Samuel Porras Rugelio, quien aseguró que este intento de eliminar el expediente del preso político más representativo en la entidad poblana, será expuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues constituye el acto impune enfrentado por la organización, al afirmar que esta es la muestra más clara de la complicidad del Ejecutivo poblano con el Poder Judicial.
En conferencia de medios el asesor jurídico de la organización de comercio ambulante, afirmó que la ausencia del documento que concede el beneficio de la preliberación fue informada en un oficio expedido por la Secretaría General de Gobierno (SGG), firmado por el titular Diódoro Carrasco Altamirano y dirigido por al Juzgado Quinto de Amparo en Materia Civil, Administrativa de Trabajo y de Juicios Federales.
Calificó la detención de Rubén Sánchez Sariabia como una “artimaña” por parte de las autoridades pues lleva 22 meses en el Centro de Reincersión Social (Cereso) de San Miguel sin ninguna base legal, y por tanto se trata de una trama de Estado.
“Nos parece que este caso ya excede los límites cualquier situación normal, ahora el gobierno del Estado nos quiere sorprender con la resolución del 5 de abril de 2001 que es la que presumiblemente se revoca y vuelven a reaprender a Simitrio. Alguien esta mintiendo aquí o son los funcionarios menores o es el titular de la Secretaría General de Gobierno y el Ejecutivo. Con esta acción la detención de Simitio significa que nunca existió un documento base para privarle de su libertad a Simitio y se trato de una trama de Estado”, sostuvo.
Para el litigante, esta acción significa “ridícula” pues la resolución del 5 de abril de 2011, firmada por el entonces representante del Ejecutivo, Melquiades Morales Flores, concediendo el beneficio, fue el usado por la Fiscalía General del Estado para reaprender a Simitrio en diciembre de 2014 por orden de una cadena de funcionarios públicos que dejaron constancia legal.
Porras Rugelio, explicó que dicho documento que ahora no consta en los archivos fue documentado, según consta en actas, el 11 de diciembre de 2014, por la Directora de Sanciones, Ruth Karina Andraca, funcionaria de la Secretaría General de Gobierno.
Así como por Claudia Lizzete Cajica Morales, Ministerio Público dentro del proceso 113/1989, e incluso en la resolución del 18 de diciembre de 2014, por Olga Margot Cortés León, Juez Quinto de lo Penal y quien revocó dicha resolución que llevó a Simitrio al penal en el que se mantiene desde entonces.