Líderes del autotransporte en Puebla acudieron al Congreso del Estado, para exigir se realice una reforma a la Ley de Transporte con el objetivo de frenar abusos en el arrastre y servicio de las grúas, por parte de quienes prestan este tipo de servicios.
Integrantes de las Cámaras Nacionales de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y de Carga (Canacar), entregaron una solicitud al presidente de la Comisión del Transporte en la LIX Legislatura, Julián Rendón Tapia, para que se modifiquen la ley y el reglamento que norman el servicio de arrastre, salvamento de vehículo y depósito de las unidades en vías del estado y en la Angelópolis.
En entrevista el presidente de la Canapat, Arturo Balderas Moyano, denunció que alrededor del 20 por ciento de las mil unidades utilizadas en Puebla para el arrastre de vehículos no cuenta con placas de circulación.
Balderas Moyano, agregó que una irregularidad más ha sido la ausencia de una homologación de tarifas para el arrastre, el salvamento y el depósito de los vehículos, lo que ha provocado una serie de abusos en contra de quienes requieren de estos servicios.
Manifestó que desafortunadamente en Puebla no existen medios de defensa para que los ciudadanos puedan interponer una queja o ampararse contra los excesivos cobros que realizan estas empresas.
“Hemos denunciado que ante la falta de una normatividad clara no se tiene la certeza para la operación y prestación de estos servicios, ni para la defensa de los derechos que tienen los usuarios que deben recurrir al apoyo de estos servicios auxiliares en las vías de circulación estatal y municipal”, sentenció.
Enfatizó que derivado de estas irregularidades y abusos por parte de los dueños de grúas anualmente el sector de transporte de pasaje y turismo reporta pérdidas económicas de alrededor de 10 millones de pesos.
De acuerdo con testimoniales, los gruyeros han llegado a cobrar hasta 27 mil pesos en esta vialidad, cuando, en teoría, los conductores pagaron un peaje que cubre este tipo de gastos y que debería ser válido porque son obligados a circular por otra vía. Esto debido a que la normativa estatal para el servicio de arrastre y salvamento es mínima, en comparación con la normativa federal.
Pedro Mendoza Cruz, subdirector de Canapat, expuso que por ese motivo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no los puede auxiliar, porque no hay tarifas claras. El empresario dijo que ante esa situación el gobierno estatal puede recurrir a las tarifas fijadas por la Federación.