Por Cristopher López
En breve será publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Seguridad Pública que obliga a funcionarios estatales de primer nivel ligados a áreas de seguridad pública, inteligencia y procuración y justicia a someterse a exámenes de control y confianza a fin de evitar casos como el C5, a cargo de su titular Aníbal Garma Arenas, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui.
“Estoy a favor de las pruebas de control y confianza, ya hay una serie de regulación en la legislación que obliga a funcionarios de primer nivel ligados a materias de seguridad pública a realizarse y examinarse mediante este mecanismo de control y confianza y a partir de esta reforma tendrán un plazo de seis meses para cumplir y conservar su registro en el padrón autorizado para trabajar en el estado”, sostuvo.
Además, con dicha ley las empresas de seguridad privada tendrán un tiempo de alrededor de seis meses para que los policías auxiliares cumplan con este mecanismo de control y confianza y en caso de incumplir se les suspenderá el permiso de operación.
En entrevista el presidente del Poder Legislativo local, comentó que ciertos rangos policíacos de las corporaciones públicas están sujetos a pruebas de control de confianza a fin evitar casos de corrupción como el sucedido recientemente en una área de inteligencia e investigación de Seguridad Pública.
En este contexto, recordó que con la reforma a la Ley de Seguridad Privada realizada en el Congreso local en semanas pasadas, se estableció la obligatoriedad para que las empresas privadas también apliquen pruebas de control de confianza a sus elementos, por tanto, aquellos policías auxiliares que no cuenten con este examen no podrán ser contratados y aquellos particulares que trabajan al margen de la ley perderán el permiso para operar.
Explicó que la reforma hecha al ordenamiento no ha entrado en vigor debido a que no ha sido publicado la disposición de que los policías privados sean evaluados, debido a que había un problema operativo sobre todo por que no se tenía la infraestructura para llevar a cabo su aplicación.
Aguilar Chedraui adelantó que inmediatamente a su publicación se volverá anexar un artículo transitorio la Ley de Seguridad Privada en donde se especificará un lapso de tiempo para que los particulares puedan realizar los exámenes de control de confianza.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional dijo que están determinándose los meses de gracia que tendrán las empresas para que cumplan con la disposición legal, sin embargo adelantó que serán entre tres y seis meses.
Por último advirtió que aquellas empresas que no tengan este requisito al día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se les retirará automáticamente el permiso para operar.