En el combate frontal contra el delito de secuestro, la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), logró detener a los responsables de la privación ilegal de la libertad de un ciudadano que fue trasladado al Estado de Tlaxcala.
El 11 de febrero del 2015, la víctima de 35 años de edad y de ocupación eléctrico-mecánico, se encontraba en su taller ubicado en el barrio de San Pablo Tecama, San Pedro Cholula, Puebla, en compañía de su ayudante, cuando de acuerdo a lo manifestado por este último, la víctima salió del negocio sin referirle hacia donde se dirigía.
En el mismo día y siendo las 21:30 horas, familiares de la víctima recibieron una llamada telefónica en la cual un sujeto con acento norteño, les manifestó tener secuestrada a la víctima exigiéndoles la cantidad de dos millones y medio de pesos a cambio de dejarla en libertad.
Iniciando así las negociones a efecto de liberar a la víctima las cuales duraron tres días, esto es, el 13 de febrero de 2015, la familia sin notificar a la autoridad acordó con los secuestradores pagar la cantidad de trescientos setenta mil pesos, los cuales fueron entregados en el Parque Industrial FINSA, en el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, sin embargo, pasados los días, la víctima no regreso a su casa.
El 16 de febrero, los familiares se presentaron ante la Dirección General de Atención a Delitos del Alto Impacto (DGADAI), a denunciar los hechos antes citados, dando inicio a la averiguación previa correspondiente, lo que permitió que esta Institución iniciara con las labores de rastreo y análisis de información a efecto de establecer líneas de investigación que permitieran ubicar a la víctima así como la identidad del o los probables responsables.
Líneas de investigación que una vez agotadas en su totalidad permitieron establecer entre otras cosas:
· El modus operandi utilizado para la privación ilegal de la libertad.
· La participación e identidad de tres probables responsables.
· Su radio de acción que lo constituía el Estado de Tlaxcala y el Estado de Puebla y;
· La participación de un vehículo Marca Jeep, Tipo Grand Cherokee, color dorado.
En virtud de lo anterior, el Agente del Ministerio Público adscrito a esta Dirección General, ordenó la ubicación, localización y presentación de:
· Vicente Xicotencatl Muñoz, de 35 años de edad, originario y vecino del Estado de Tlaxcala.
· Jesús Muñoz Gutierrez, de 26 años de edad, originario de Puebla y vecino de Tlaxcala.
· Arturo Gutiérrez Ávila, de 31 años de edad, originario y vecino de Puebla, Puebla.
En cumplimiento a lo ordenado por el Agente del Ministerio Público, Agentes Ministeriales adscritos a esta Dirección General, el 28 de septiembre del año en curso lograron ubicar, asegurar y presentar ante el Representante Social a las tres personas citadas con antelación, a quienes también se les aseguro el vehículo marca Jeep, Tipo Grand Cherokee, modelo 1999, color dorado y con placas de circulación XUR4450, del Estado de Tlaxcala.
Por otro lado, y al establecer las líneas de investigación que el radio de acción lo constituía también el Estado de Tlaxcala, en donde se encontraban los domicilios de los asegurados, se solicitó la colaboración a dicho Estado a efecto de ubicar y asegurar el lote baldío ubicado en calle Xicotencatl, número 7, quinta sección, Barrio del Carmen, Colonia La Candelaria, Papalotla, Tlaxcala.
Lo anterior, en razón de que del análisis de información generado en la investigación se logró establecer que en febrero del presente año, temporalidad en la que desapareció la víctima, Vicente Xicotencatl Muñoz contrató una excavadora a efecto de hacer un hoyo en dicho predio, mismo que fue tapado al día siguiente.
Con la citada información y con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, una vez asegurado dicho lote baldío, el mismo 28 de septiembre, y a efecto de finiquitar las líneas de investigación, se realizaron excavaciones en el mismo, logrando ubicar un cuerpo sin vida enterrado a 5 metros aproximados de profundidad.
Cuerpo que fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para el desahogo de las diligencias que establece la Ley, entre las cuales se encuentra la identificación de los familiares la cual resultó positiva, esto es, fue reconocida como la victima de secuestro, además se determinó que la causa de la muerte lo fue traumatismo craneoencefálico severo.
Por lo que hace al vehículo asegurado, esto es, la camioneta marca Jeep, Tipo Grand Cherokee, a efecto de buscar indicios que permitieran el esclarecimiento de los hechos, el área pericial adscrita a esta Dirección General, desmanteló el citado vehículo logrando obtener de diversas partes del interior, rastros hemáticos ocultos, es decir, que las superficies habían sido limpiadas, lo anterior mediante la aplicación de la técnica de Bluestar, indicios que permiten determinar la presencia de sangre y de esta obtener el perfil genético.
Los hoy asegurados en próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional como probables responsables del delito de secuestro, en su modalidad de aquellos que privan de la vida a la víctima, cuya penalidad es de 80 a 140 años de prisión.
Debe destacarse que las penas para los secuestradores se encuentran unificadas en todo el país, a través de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, las cuales son consideradas las más altas en cuanto a años de prisión por la propia naturaleza del delito, además de que dicha Ley prohíbe otorgarles cualquier beneficio que durante el proceso o una vez sentenciados contemplan las Leyes en diferentes materias.
Por medio del presente comunicado se exhorta a la Ciudadanía a trabajar de la mano con las autoridades a través de su denuncia siendo este el medio más importante en la construcción de una sociedad segura.
Por otra parte, y de forma muy respetuosa se exhorta a todos los medios de comunicación para tratar temas tan trascendentes como el secuestro de una persona de manera responsable, ya que la divulgación de información como esta, no solo obstaculiza la investigación sino pone en peligro la vida de las propias víctimas.