Por Fernando Castillo @fercastillo10
A un año del desalojo violento contra pobladores de Chalchihuapan, presentarán una denuncia penal en contra de Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública en el Estado, y un juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Lo anterior lo dio a conocer en conferencia de medios, Alejandro del Castillo, asesor jurídico de Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Tehuatlie quien anunció que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el titular de seguridad pública Facundo Rosas Rosas, quien dio instrucciones a los cuerpos policiacos para reprimir y violar los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan el 9 de julio del año pasado.
“La denuncia penal se presentará en contra del titular de seguridad pública Facundo Rosas Rosas, por el manejo frívolo del armamento de los policías estatales en donde lesionara de muerte a José Luis y a los diez días falleciera”, aseveró.
La denuncia la firmará Elia Tamayo Montes y la suscribirán los abogados que respaldaron jurídicamente a la familia afectada por la muerte del menor.
El abogado de los pobladores de Chalchihuapan informó respectó a la solicitud de juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle en septiembre, debido a las acciones inconstitucionales y violaciones graves a los derechos humanos que ha realizado.
Explicó que el procedimiento se presentará ante la Cámara de Diputados en la próxima legislatura que inicia el primero de septiembre, consecutivamente los diputados federales serán quienes reciban la denuncia y entonces ellos tendrán que iniciar una investigación para ver si existe un motivo de juicio político hacia el mandatario poblano.
El asesor legal aseveró que este proceso es una cuestión de mucha responsabilidad puesto que está “prescrito” que tienen que presentarse las pruebas junto con la demanda y por eso tardará tiempo en elaborarla, al mismo tiempo reconoció que pudiera ser “trabado” por los legisladores a fines del Morenovallismo.
“Nosotros nos basamos por la inconstitucionalidad que ha promovido y los elementos con los cuales nos podemos defender son; no sólo la ley orgánica que perjudico a las juntas auxiliares, sino ahora también el quitarle los servicios públicos a los municipios; no obstante quiere desaparecerlos y eso es grave por lo que debemos recodarle al gobernador que estamos en México y él lo sabe, el ejecutivo no sabe de la historia de México ya que ahora quiere volver a los municipios en condados”, apuntó.
Alejandro del Castillo afirmó que el personalmente será quien presente el juicio de amparo ante la Cámara de Diputados a finales del mes de septiembre.
Al ser cuestionado si solicitaría el apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o del Partido del Trabajo, no descartó en solicitar la ayuda de los partidos políticos, sin embargo, acotó que los pobladores de Chalchihuapan quieren tener la responsabilidad personal en el caso ya que ha ocurrido que los legisladores llegan a negociar y abandonan o “traicionan” el proyecto.
“Es una responsabilidad personal frente al señora Elia y frente al movimiento, por lo que será una cosa frontal ya que puede ocurrir el caso de que alguien se baje. Y sobre todo tiene que ser una cosa bien elaborada a pesar de que Moreno Valle no tiene buenos abogados. Eso se ve porque los juicios de los presos políticos los han ganado todos los compañeros”, aseveró.
Es importante recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la herida mortal sufrida por el niño de 13 años fue causada por una lata de gas lacrimógeno lanzada por policías estatales, durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio del año pasado.
El pasado 11 de septiembre la CNDH emitió la recomendación 2VG/2014, donde reconoce las violaciones graves a derechos humanos durante el desalojo de manifestantes y pide al gobierno de Rafael Moreno Valle que ofrezca disculpas públicas a los afectados, haga la reparación del daño y capacite a los policías; sin embargo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno del Estado mexicano no ha hecho justicia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.