Jorge Marcelino Alejo
Una de las sonrisas más anchas que externara el presidente municipal Eduardo Riviera Pérez, fue cuando se enteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, validó el cobro del Derecho de Alumbrado Público –DAP-.
Tal vez en señal de gratitud, pudiera enviarles un pavo a los magistrados en las festividades decembrinas.
Como también, habrá externado algún mohín de enfado porque el diputado federal Ignacio Mier Velazco, mostró su desacuerdo por el cobro del DAP en los municipios.
Su razón es que daña a la economía social. Ese daño se palpa de manera irrebatible, en cualquier cobro que signifique gravamen al bolsillo del ciudadano.
Porque ya varios nuevos pagos: ya está otra vez la Verificación Vehicular, obviamente los Parquímetros y ahora viene el Derecho de Alumbrado Público.
Lugar aparte tiene el costo del valor catastral a las propiedades que denunció la Bolsa Inmobiliaria, pues de inmediato resintió ingresos en su actividad dado que se detuvo la venta de terrenos y casas.
Según señalan los inmobiliarios, el Ayuntamiento está tasando los predios en forma injustificada, pues los cotiza a costos más altos de su valor real.
Esta acción disminuye las operaciones comerciales.
Con estas imposiciones se incrementan en forma sustancial el ingreso a las arcas municipales. Y no olvidemos que meses atrás, a Eduardo Rivera no le importó la carga de la presión inflacionaria, ni mucho menos que sea lenta la reactivación económica tras dos años de pandemia, pues él insistió, hasta lograr mayores ingresos monetarios para la Caja del Ayuntamiento.
Pero esos no son todos los pagos.
A las economías familiares y empresariales, les espera el ajuste anual inflacionario en enero próximo, a las tarifas del predial, usos de suelo, renovación de licencias de funcionamiento y si le añadimos el control vehicular, entre otros, se mermará más el bolsillo.
Con todo ello es de entender que el Presidente Municipal tendrá que aflojar en el cobro de impuestos y derechos, de modo que las tarifas no sean altas y que no impacten en demasía los ingresos de las familias y las empresas.
Por ser de otra ideología política, no se le pide a Eduardo Rivera que aplique subsidios en la magnitud que lo hace el Gobierno Federal de la 4T – por ejemplo en las gasolinas- pero sí que debe aflojar el costo en algunas tarifas, sobre todos las que se reanudan como el DAP.
Si no lo hace, al menos que no cuente dinero delante de los pobres, pues resulta insultante que pague cuotas de más de dos millones de pesos en tres estacionamientos del Centro Histórico, para que sus secretarios y regidores aparquen sus vehículos.
M E M O R A N D U M
PARTICIPACIONES FEDERALES
Si se trata de conseguir dinero para el municipio, se le reconoce al presidente municipal Eduardo Rivera que es un político luchón.
Y va por más.
El último fin de semana se reunió con diputados federales para solicitarles que gestionen más recursos para destinarlos a seguridad e infraestructura urbana y social.
En unión de presidentes integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales de México, platicaron con legisladores de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Estaban incontenibles, hasta pidieron que se aplique algo nuevo en lugar del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad y del Fondo de Desastres Naturales, que desaparecieron, y con los que se apoyaba a 2 mil 400 municipios.
Pero qué creen estimados lectores, en este tema, la Auditoria Superior de la Federación detectó 10 mil 312 millones de pesos sin comprobar.
Y Créalo, El 65 % de esos recursos, es de Participaciones Federales a estados y municipios.
