Ante el operativo de la policía estatal y municipal en contra de los comerciantes ambulantes el pasado viernes en el Centro Histórico, la líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rita Amador López, afirmó que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas pretende desaparecer el Mercado Hidalgo con la expropiación del predio, por tanto exigió a las autoridades entablar el diálogo y evitar actos de represión y violencia como la del pasado fin de semana.
En rueda de prensa la esposa de Rubén Sánchez Sarabia “Simitrio”, denunció que a pesar de que el 90 por ciento de los locatarios cuenta con escrituras y paga luz, predial y agua existe la tentativa de que puedan ser despojados más de 15 mil familias de está central de abastos.
“Exigimos a las autoridades estatales negociar a través del diálogo sin necesidad de utilizar la violencia. Esté operativo es una llamada de atención que ha realizado el gobierno del estado para desaparecer el comercio popular en el Centro Histórico y de la ciudad y así entregarselo al capital privado de firmas extranjeras”, sostuvo.
Amador López, acusó que el pasado sábado recibió nuevamente una llamada de acoso para pedirles que tuviera cuídado ella y sus nietas porque estaban en riesgo de andar en la calle solas.
Por lo anterior la líder de la organización popular respondabilizó directamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno en caso de sufrir algún percance pues lo único que han solicitado es trabajar libremente en las zonas que se les dio desde 1985 en los mercados Hidalgo, Zapata y Zaragoza.
Condenan actos de represión contra comerciantes del Centro
En otro orden de ideas la líder la 28 de Octubre, condenó los actos violentos con los que fueron despojados los comerciantes de la 8 Poniente y 3 Norte, al demandar que las autoridades no han tenio la capacidad para diálogar sin necesidad de llegar a la represión.
Apuntó que las autoridades ocultan la verdad al disfrazar el operativo contra la piratería y el contrabando relizado por la policía fiscal y estatal al afirmar que los elementos de seguridad pública fueron agredidos, mientras existen evidencias de que la seguridad pública fue quien reprimió a los comerciantes.