El secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas a través del oficio través del oficio SGD/0120/2014 solicitó al Congreso de Puebla abrogar la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales.
Luego de que el pasado 19 de mayo, la LIX Legislatura aprobará la iniciativa de Ley, a petición del Gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, el Poder Legislativo anulará la Ley, pues su aplicación ha dejado como resultado a personas detenidas, heridas de gravedad y la muerte de José Luis Alberto Tlahuatlie Tamayo.
Es importante mencionar que Organizaciones No Gubernamentales fueron quienes interpusieron amparos ante el Poder Judicial de la Federación y fue el Juzgado Cuarto de Distrito quien ordenó la suspensión de la Ley Bala; por este motivo y a petición del Poder Ejecutivo quedará anulado el ordenamiento.
El orden del día de la sesión que se llevará a cabo este martes contempla en el punto número 16, de los 19 que se abordarán, la abrogación del ordenamiento.
Como resultado de la aplicación de la Ley, el pasado 9 de julio resultaron heridos un grupo de pobladores de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, ellos exigían el regreso del Registro Civil, al cerrar la autopista Atlixco-Puebla, los habitantes fueron atacados con gases pimienta y con balas de goma lanzadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de ahí que Alberto de 13 años resultó con perforación en la cabeza que derivó en muerte cerebral y falleció el pasado sábado.
Los diputados que se opusieron a dicha ley fueron de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y la legisladora del Verde Ecologista, Geraldine Cervantes González se opusieron a este ordenamiento, pero aún así los diputados aliancistas, conformados por el Acción Nacional, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza PSI y finalmente el PRI avaló dicha Ley.
Dicho ordenamiento no dejó conformes a los ciudadanos, quienes por medio de las organizaciones sociales aseguraron que viola sus derechos humanos, ya que se coarta la libertad de expresión.
Finalmente, este martes se contempla poner fin a este ordenamiento que cobró la vida de una persona quede invalido pues pone en riesgo a la ciudadanía.