Por Fernando Castillo
Diputados locales podían hacer un extrañamiento a Concesiones Integrales S.A., de C.V. conocida como Agua de Puebla, por el servicio que ofrece y las tarifas con incrementos de hasta un 500 por ciento en el sector comercial, industrial y doméstico, además de que éstos excesos violan los derechos humanos de acceso algua, de acuerdo al informe que reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Poder Legislativo local, Carlos Martínez Amador, consideró que podría revisarse la operación de la empresa, pero nunca se comprometió a revisar las condiciones de la concesión entregada en 2013 -último año de la LVIII Legislatura- a dicha empresa y la cual, en 2014 los actuales diputados aprobaron por mayoría el tabulador tarifario para los diversos segmentos socioeconómicos.
“Creo que la operación de la empresa tiene que revisarse ante las constantes quejas de los usuarios del servicio. (…) Invito a aquellas personas que tiene alguna inconformidad sobre el servicio y las tarifas, a que se acerquen a los directivos para resolverlas”, puntualizó.
El legislador morenovallista dejó abierta la posibilidad de que puedan llamar a Concesiones Integrales a explicar ante los diputados la situación y el por qué tantas quejas a fin de que mejoren el servicio en la capital poblana.
Con respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre que el tema del Agua Potable, y si el Congreso haría alguna revisión o ajuste en la materia, Martínez Amador dijo desconocer este informe emitido por el organismo nacional.
Por lo anterior que revisarán el informe de la CNDH y en caso de pedir modificaciones al Congreso local tendrán que realizarse a la concesión entregada a Aguas de Puebla.