Por Cristopher López
Sería muy ‘aventurado’ solicitar la revocación de la concesión del agua al gobierno del Estado ante el incremento de 500 por ciento en las tarifas del recurso hídrico en Puebla como lo reveló la CNDH, informó el presiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Montiel Solana, quien reconoció que existen abusos y excesos hacia la iniciativa privada por parte de Agua de Puebla.
El líder de la cúpula empresarial enfatizó que ellos como empresarios esperan ver avances en torno a la concesión que el gobierno del Estado entregó a la empresa privada en 2013 pues refirió que aún no es el momento de solicitar la revocación ya que de cualquier forma se están tomando cartas en el asunto en la solución del abastecimiento del recurso hídrico.
“No me atrevería a decir eso, me parece que necesitamos ver que se empiezan a ver avances en torno de la concesión y si empiezan a arreglar las cosas y si empiezan a dar esos pasos y se empiezan a mostrar avances en torno a la concesión y sino viéramos esos avances estaríamos en la posibilidad de solicitar la revocación y no es el momento, no estamos en eso”, sostuvo.
Montiel Solana, enfatizó que hay avances por parte de Agua de Puebla aunque no en la velocidad que ellos quisieran, sin embargo, se están tomando cartas en el asunto y se han dado resultados en los últimos 15 días.
Por último consideró que no es necesario establecer plazos a Concesiones Integrales para la operación del servicio ante las constantes denuncias de desabasto del vital liquido en las colonias pues aseguró que como empresarios se le debe de dar un voto de confianza a la compañía.
Puebla viola el derecho humano al agua
Y es que Puebla está dentro de las seis entidades a nivel nacional que violan el derecho humano al agua debido a la privatización del recurso hídrico ya que las tarifas se elevaron hasta en un 500 por ciento en los últimos cinco años de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el estudio de Protección de Ríos, Lagos y Acuifero revela que en Aguascalientes, Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Puebla y Veracruz el servicio de agua fue dado a diferentes empresas a través de una licitación ‘opaca’ ya que no contó con la participación de los ciudadanos y por ende es que surgió la sospecha de presuntos actos de corrupción.