Por Cristopher López
Colectivos de pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, denunciaron que existen 13 proyectos hidroeléctricos, la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula y 170 concesiones mineras en la entidad, de las cuales el 70 por ciento pertenecen a la empresa canadiense Almaden Minerals y sus filiales, por lo que llamaron al gobierno federal a frenar los permisos que han brindado desde las delegaciones al cuidado del medio ambiente como Profepa y Semarnat pues de concretarse pondrían en riesgo la vida de cientos de familias que habitan en esta zona.
Lo anterior lo dio a conocer Diana Pérez, abogada de colectivos de la Sierra Norte, quien lamentó que ante las constantes quejas por parte de los pobladores la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ambos casos hayan actuado de manera “omisa” al indicar que se cerraron las investigaciones por no existir flagrancia de violación a las garantías a los derechos individuales de los pobladores que han sido victimas de las constantes amenazas de muerte por parte de trabajadores de las empresas que construyen los proyectos para la explotación de los recursos naturales.
Tras participar en el foro “En defensa de la vida y el territorio” en la Universidad Iberoamericana, Puebla, la asesora jurídica, descartó que hasta el momento existan presos políticos por oponerse a los proyectos de muerte y aclaró que existe una criminalización hacia las comunidades por parte de las autoridades y de los empresarios; nos obstante, dijo que existen 14 denuncias penales en contra de pobladores de San Felipe Tepatlán, por oponerse a los proyectos de muerte. Agregó que éstos procesos son burocráticos por parte del Ministerio Público.
En su intervención Olivena Montes, pobladora de Pahuatlán, acusó que servidores públicos de este municipio son enviados por el presidente municipal para intimidarlos por las constantes manifestaciones que han realizado en este municipio.e incluso han actuado con actos de represión en contra de sus compañeros que lo único que hacen es defender el territorio donde pretender despojarlos de sus tierras tras el paso del gasoducto Tuxpan-Tula, para atravesar por los municipios de Veracruz, Estado de México, Puebla e Hidalgo para llegar a la Ciudad de México,
“Existe una criminalización por parte de las autoridades, existen dos denuncias y no sabemos como procederán en las carpetas de investigación. Hay amenazas de muerte en contra de los compañeros por parte de la Junta Auxiliar de Atla. Ha ha habido amenazas de muerte en contra de los pobladores que rechazan la construcción de las hidroeléctricas y el gasoducto y sólo por repartir información para rechazar el proyecto en comunidades como Tlacolotepec y Pahuatlán”, sostuvo.
La activista indicó que los municipios de la Sierra Norte de Puebla son ricas en minerales como oro y pretenden construir minas a cielo abierto en Tlacolotepec y Pahuatlán, al referir que el edil de este último municipio ha entregado todos los permisos para autorizar la “explotación y saqueo” de los recursos naturales.
Apuntó que el impacto ambiental con la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula que tendrá un inversión de más de 506 millones de dólares, sería muy grande pues se destruirían los mantos freáticos, las semillas endémicas protegidas por la norma número 52, más de 100 pozos de agua dulce que son utilizados para consumo humano y riego de sus cultivos, afectarían de igual forma en la desaparición de especies en peligro de extinción, así como la destrucción de centros ceremoniales de la cultura Otomí y Totanacu y finalmente grutas milenarias.
Por su parte Miguel Sánchez, indicó que en el municipio de Izcamaxtitlán construyen una hidroeléctrica y a los ejidatarios les están pagando a un peso el metro cuadrado para la autorización de la construcción de estos mega proyectos.
“Ya estamos hartos de los atropellos a nuestros derechos humanos, no es posible que las autoridades hagan caso omiso ante estos proyectos de muerte que están acabado con nuestros recursos naturales, con nuestras costumbres y tradiciones. Nos han dicho que habrá progreso, generación de empleos pero nosotros no queremos su dinero, queremos que se respeten nuestras tierras, remató.
En este sentido apuntó que los proyectos se multiplican en Cuetzalan en donde se intenta iniciar la construcción de una subestación eléctrica a pesar de que se ha demostrado que no se requiere de mayor energía eléctrica y sin consulta al pueblo maseual e indígenas de la región.