En comisiones unidas de Gobernación y Equidad de Género aprobaron un paquete de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla (COIPEP) para sancionar la violencia política de género y que el Congreso designe al titular del Órgano de Control Interno del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Los integrantes de dicha comisión avalaron la restricción para acceder a una candidaura a quienes hayan sido sancionados por conductas misóginas o incumplan con el pago de pensión alimenticia.
El dictamen propone que el responsable de violencia política de género recibirá una sanción económica e incluso podría perder el cargo, así como el partido que lo postuló se le retirarán sus prerrogativas y podría perder el registro como partido político local.
La presidenta de la comisión de Gobernación Vianey García Romero, destacó la urgencia para otorgar a la autoridad electoral local las herramientas para aplicar sanciones enérgicas a quienes agredan a una mujer en el contexto político e inhibir estas prácticas recurrentes en una elección.
“Es una reforma en conjunto para que el Instituto Electoral del Estado para que pueda así tener los dientes, como se diría coloquialmente, para que pueda sancionar y capacitar a las personas que hagan este tipo de acciones”.
En esta misma sesión se aprobó facultar al Congreso de Puebla para que se encargue de la designación del titular del Órgano de Control Interno del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Por su parte, la diputada del PRI Rocío García Olmedo destacó que con la armonización de la Constitución local con la Federal se garantiza el principio de paridad género en la entidad, lo cual ya estaba en vigor desde el 2019 y que no se había tocado en el Congreso local.
Asimismo, la diputada del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia consideró que con las reformas y adiciones a la Constitución se da un paso importante en materia de paridad de género para las presentes y futuras generaciones; asimismo, destacó que para la elaboración del Dictamen se haya tomado en cuenta el principio de concentración de iniciativas de legisladoras y legisladores de diversas fracciones políticas.
Al hacer uso de la palabra, la diputada María del Carmen Saavedra Fernández señaló las reformas a la Constitución en materia de paridad de género responden a un principio de justicia social y a una lógica de redistribución del poder formal en razón de género, que garantiza la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública.
No prospera reducción de financiamiento a partidos
La propuesta para la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos con base en el porcentaje de votos obtenidos en la última elección de acuerdo con la lista nominal y no con el padrón electoral, no prosperó.
Expuso que el argumento para rechazar este ajuste fue por considerar que sería inconstitucional aprobar esta modificación y se correría el riesgo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara esta modificación.