Con el voto en contra del PRI y sin considerar las propuestas de los ediles auxiliares, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como de Procuración y Justicia aprobaron la reforma a la Ley Orgánica Municipal que propuso el gobernador Rafael Moreno Valle a través de la cual los presidentes subalternos coadyuvarán con la autoridades del Registro Civil, además se impone una sanción de ocho años de cárcel para aquellos presidentes subalternos que falsifiquen documentos.
La propuesta fue enviada por ejecutivo estatal el 3 de marzo con el objetivo de modificar la Ley Orgánica Municipal, el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social; sin embargo, fue aprobada sin cambios con el aval de los legisladores morenovallistas, del PAN, Nueva Alianza, PRD y Compromiso por Puebla.
A unas semanas de que incien las campañas para la renovación de la gubernatura, la propuesta será votada en el pleno este martes en Sesión Ordinaria en donde se prevé la negativa de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México.
Dicha propuesta propone regresar de manera parcial los registros civiles a las Juntas Auxiliares e imponer una sanción de ocho años de cárcel para aquellos presidentes subalternos que falsifiquen documentos y una multa de doscientos a mil días de salario, como lo propone el artículo 253 del Código Penal.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Silvia Tanús Ososrio, señaló que las bancadas afines al gobernador Rafael Moreno Valle desecharon la propuesta que hizo junto con sus homólogos para que el registro civil regrese en su totalidad a las Juntas Auxiliares; que por ministerio de la ley se reconozca como jueces a los presidentes subalternos y que se disminuyera la penalidad por el delito de falsificación de documentos como lo marca el artículo 15 y 20 de la propia ley del Registro Civil.
“Nosotros votaremos en contra de dicha iniciativa durante el Pleno, pues es un paliativo que no soluciona la problemática que ha afectado a las comunidades (….) eso de coadyuvar se nos hace ambiguo pues esta propuesta no resuelve el problema”, sostuvo.
Es importante recordar que el retiro de los registros civiles en las Juntas Auxiliares para ceder el control de los mismos a la Secretaría General de Gobierno (SGG), fue una medida que impulsó la bancada del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura cuando Mario Riestra Piña era presidente de la Junta de Gobierno y se aprobó en diciembre de 2013.
El proyecto que se aprobó por mayoría de votos adicionará la fracción XVII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, misma que en la reforma de diciembre de 2013 fue derogada, en la cual se les quitó la facultad a los presidentes municipales de ayudar en las funciones del registro civil.
En la fracción IX del artículo 231 del mismo ordenamiento se permitirá a los presidentes auxiliares “coadyuvar con las autoridades del Registro Civil de las Personas en término de las disipaciones aplicables”.