Amnistía Internacional exhortó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de 22 personas en Tlatlaya, estado de Mexico y llevar ante la justicia a todas las personas implicadas, incluyendo, en su caso, a mandos militares.
El 30 de junio de 2014 de acuerdo a la versión de los hechos emitida por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) soldados de la 22/a zona militar repelieron una agresión por delincuentes en una bodega cerca de Tlatlaya; en el enfrentamiento murieron 22 presuntos delincuentes y soló un soldado quedo lesionado.
Sin embargo, el 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que dicho enfrentamiento armado dejo un saldo de sólo 7 personas y que posteriormente entre 12 y 15 fueron ejecutados por miembros de la Sedena.
A un año de los homicidios en Tlataya, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, afirmó “Ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos”.
En el comunicado, la organización internacional acusa al gobierno mexicano de presentar una versión apócrifa que no corresponde con las investigaciones ni las conclusiones de la CNDH y la Cámara de Diputados, las cuales apuntan que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando no representaban una amenaza para los efectivos militares.
Amnistía internacional señaló que el mantenimiento del orden publico no debe ser pretexto para violar los derechos humanos, y que el uso de la fuerza debe limitarse a la absoluta necesidad, “obligación que en el marco de su fallida estrategia militarizada en contra de la delincuencia organizada el Estado recurrentemente ha ignorado.”
Asimismo, hace un llamado al Estado mexicano para garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva.
Fuente: La Jornada